Una cortina de humo

Si el Gobierno se niega a recortar el gasto, no queda otra que aumentar la recaudación para reconducir el déficit. Y si no se quiere asumir el coste electoral de un incremento de los tipos impositivos, a corto plazo sólo cabe reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Ciertamente, perseguirlo tiene buena prensa: consiste en forzar a aquellos que no cumplen con sus obligaciones tributarias a que lo hagan. ¿Quién podría criticarlo? Montoro ya nos aleccionó la pasada legislatura acerca de que los impuestos subían porque algunos irresponsables se escaqueaban de abonarlos. ¿Por qué tendrían que pagar justos por pecadores?

De ahí que ayer el ministro anunciara un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal centrado en un mayor control sobre la liquidación del IVA. Mas no deberíamos ser tan ingenuos como para pensar que un mayor celo administrativo sobre el fraude únicamente termina perjudicando a los defraudadores. El mayor control se materializa en un incremento de las obligaciones formales de todos los contribuyentes; éstos deberán destinar más tiempo y recursos a atender los requerimientos de información de la Agencia Tributaria: por tanto, el coste no monetario de cumplir con la ley aumentará. Pero esa mayor fiscalización puede terminar convirtiéndose en una subida de impuestos encubierta. Por un lado, hay ámbitos de la legislación caracterizados por su ambigüedad y sobre los cuales la Agencia Tributaria puede efectuar una interpretación restrictiva para incrementar la carga efectiva que soportan los contribuyentes. Por otro, la Agencia podría llegar a saltarse la normativa con la expectativa de que el ciudadano medio se abstendrá de recurrir para ahorrarse el alto coste de litigar. En ambos casos, la mayor obligación tributaria arbitrariamente impuesta vendría acompañada de la sanción que engrosaría los ingresos públicos. En suma, la lucha contra el fraude puede convertirse en un expolio sobre unos contribuyentes honrados pero desprotegidos frente al implacable rodillo de la Administración.