Una decisión insólita

No existen indicios que permitan acusar a la Infanta Cristina como cooperadora necesaria de los presuntos delitos fiscales cometidos por su marido en los ejercicios 2007 y 2008. A pesar de ello y de la firme posición del fiscal especial contra la Corrupción de Baleares, Pedro Horrach, de la abogacía del Estado y de la Agencia Tributaria, el juez instructor, José Castro, ha decidido que no se le puede aplicar el sobreseimiento y la incluye en el auto de apertura del juicio oral. No le gusta la llamada «doctrina Botín», que le obligaría a excluir a Doña Cristina. No participa de lo que denomina una «interpretación restrictiva» y se apoya en los votos particulares de la sentencia del Supremo. Es algo realmente sorprendente. No contento con ello, aprovecha para utilizar el artículo de un catedrático y los lemas de una campaña de Hacienda para justificar su peregrina decisión. Es insólito y demuestra el sesgo ideológico de una decisión insostenible.

No me sorprende porque es coherente la ideología de un juez que siempre ha querido sentar a la Infanta en el banquillo para satisfacer su peculiar visión de la Justicia. No se puede decir que el fiscal Horrach haya sido blando con los acusados, como demuestra su escrito solicitando la apertura del juicio oral, pero defiende la legalidad cuando se niega a acusar a Cristina de Borbón porque no hay indicios de que haya sido cooperadora necesaria de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública, como pretende el instructor. El artículo 124 de la Constitución establece que el fiscal tiene «como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social». Es lo que ha hecho Horrach. Me inquieta comprobar que mucha gente quiere revivir la Inquisición, ahora enmascarada en unas instrucciones donde poco importa el resultado final cuando se celebre el juicio, y que hay juristas que abrazan con un fervor inquietante el uso alternativo del Derecho. Los dos planteamientos son deleznables. Las instrucciones no pueden ser condenas adelantadas, como sucede actualmente, y las normas jurídicas ni pueden ni deben ser interpretadas para satisfacer la ideología de un jurista. Un juez debe actuar con imparcialidad, responsabilidad y sometido únicamente al imperio de la Ley, por ello no entiendo esta obsesión contra la Infanta y su enfrentamiento con el fiscal, así como su fervor hacia la acusación popular.