Una decisión política

En medio de una variedad de controversias referidas a una posible reforma constitucional que habilite a Morales para un tercer periodo gubernamental, o agrias polémicas con países vecinos, como Chile y Brasil, por una demanda de salida soberana al Pacífico, y la negación de un salvoconducto para un Senador asilado en la legación diplomática brasilera en La Paz, el Estado boliviano efectúa la toma militar de los tres aeropuertos más grandes del país y emite un decreto mediante el cual expropia las acciones de Sabsa, filial de las españolas Abertis y Aena, acusándolas de haber hecho pocas inversiones.

Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa) es la sexta compañía española que pasa a manos del Estado boliviano en menos de un año, pues en 2012 Morales expropió una filial de Red Eléctrica de España (REE) y en diciembre otras cuatro de Iberdrola.

La ola de expropiaciones de Bolivia ha afectado a inversiones privadas de varios países europeos, indios, latinoamericanos y locales. Todas han recibido una exagerada publicidad y se ha recurrido a la toma militar de las instalaciones, a tiempo de hacer anuncios de indemnización por las acciones o propiedades arrebatadas.

Poco o nada se sabe de acuerdos o compensaciones efectuadas a las empresas afectadas, lo que corrobora que el Gobierno boliviano toma decisiones políticas, amparado en la imagen de un Gobierno indígena y popular que se enfrenta contra el capitalismo o contra prácticas monopolísticas que se aprovechan de un país pobre y subdesarrollado. Lo cierto es que el Gobierno de Morales recurre a empresas independientes para valorar las empresas y hace ofertas de indemnización que distan mucho de las expectativas de los afectados.

En este caso, existían críticas a la administración aeroportuaria sobre los salarios de los trabajadores o la expansión de los servicios, y se conocían con anticipación las intensiones gubernamentales de tomar el control de los aeropuertos y de Sabsa. Todas las nacionalizaciones han despertado la preocupación de si el Estado boliviano será mejor administrador y mejor inversor. Confirman que el Estado se hace relativamente más fuerte, pero la eficiencia y transparencia, así como abonar las deudas, no suelen acompañar dichas expropiaciones.