Una pena máxima de 20 años

El caso del pederasta de Ciudad Lineal es uno de los más trágicos ejemplos de que nuestro legislador no tiene el foco puesto en las víctimas; después de más de cuarenta años de democracia seguimos con una especie de complejo garantista en nuestra legislación penal que olvida la función retributiva de la pena. Olvida que los delincuentes deben pagar por el delito y que ese pago, como la posibilidad de la reinserción, es una función constitucional de la pena y ese olvido genera situaciones desgarradoramente injustas.

En el caso actual se han producido, cuatro agresiones sexuales a menores lo que conforme al artículo 179 , 180.3 y 183 de nuestro Código Penal vigente daría lugar a otras tantas penas de entre 12 y quince años, entendiendo que la detención ilegal –lo que conocemos como rapto– se considera un medio para consumar la violación con lo que no sería punible.

Es decir al «pederasta de Ciudad Lineal» le correspondería una pena de 60 años de prisión. En realidad daría igual que la detención ilegal fuera punible porque la pena sería la misma al aplicarse la pena más grave en su mitad superior que volvería a ser la del delito de violación.

Hasta aquí podemos estar más o menos de acuerdo con el contenido de las penas, pero el problema viene a la hora del cumplimiento efectivo. El artículo 76 de nuestro Código Penal limita el cumplimiento a 20 años en caso de delitos que tengan penas máximas de 15 años, con lo que la primera agresión sexual «cuesta» 15 años, la segunda 5 y el resto, en realidad quedan impunes, lo que desde el punto de vista de la justicia es absolutamente inaceptable.

Lo peor es que este tipo de casos no van a sufrir variaciones significativas con la nueva reforma del Código Penal, ya que la prisión permanente revisable sólo será de aplicación si la agresión sexual va seguida de un asesinato, con lo que los casos de violadores múltiples, incluso los de menores, van a seguir quedando impunes.

Creo que debemos poner el foco en las víctimas de una vez por todas y no confundir las garantías procesales con una benevolencia que repugna a la moral, a la sociedad y sobre todo al más mínimo concepto de justicia.

(*) Profesor de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC