Andalucía, test político para España

A menos que el PSOE andaluz consiga reeditar pasados triunfos, lo que no parece nada probable, la primera consecuencia del adelanto de las elecciones regionales puede ser la prolongación de una situación de impasse político en Andalucía, con efectos sobre la gobernabilidad, hasta más allá de la celebración de los comicios municipales y autonómicos en el resto de España. En efecto, si los pronósticos se cumplen, la actual presidenta de la Junta y candidata, Susana Díaz, volverá a depender del apoyo de otros partidos, notablemente Ciudadanos, pero, también Podemos, que estarán condicionados por desafíos mayores a nivel nacional y a los que un acuerdo de legislatura con los socialistas andaluces puede castigar electoralmente. De ahí que la convocatoria en Andalucía deba ser contemplada como un banco de pruebas para el conjunto de los principales partidos españoles, que, como es lógico, se preparan para afrontar una campaña que desborda el marco autonómico. Sin embargo, la decisión de Susana Díaz no sólo responde al deseo de marcar distancias con el calendario del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el temor de que surjan posibles complicaciones en la marcha general de la economía o en la crisis de Cataluña que perjudiquen a la marca electoral socialista, sino a la necesidad de adelantarse a la cristalización de los procedimientos judiciales sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE –algunos tan graves como los ERE o la malversación de los fondos europeos de desempleo–, que, muy probablemente, condicionarán las expectativas de voto. De hecho, y dentro de la habitual estrategia de la presidenta de la Junta de Andalucía de esquivar en lo posible el debate de la corrupción, ella misma decidió precipitar el anuncio del adelanto electoral –estaba previsto para hoy, martes– tras la denuncia hecha pública por el líder de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla, de una nueva corruptela en el seno de la Administración regional, también a costa de unos fondos destinados a los desempleados que se habrían dilapidado en pagar prostitutas, viajes y comidas. Pero si Susana Díaz se juega mucho en el envite, puesto que el fracaso llevaría exclusivamente su nombre, mientras que el triunfo sería a compartir con Pedro Sánchez, lo mismo reza para los partidos de la oposición de centro derecha, el PP y Ciudadanos, abocados, según las encuestas, a pelear a cara de perro por el segundo puesto. En este sentido, el partido que preside Albert Rivera parte con el hándicap de haber sostenido parlamentariamente a los socialistas andaluces –incluso se sospecha de un acuerdo último para justificar el adelanto electoral–, lo que afectará a su credibilidad en la campaña que se avecina, mientras que el Partido Popular tendrá que probar que el cambio en la presidencia, con Pablo Casado, y la recuperación de su discurso tradicional sostendrá en las urnas lo que ya apuntan sus encuestas internas. Sin embargo, una campaña en clave nacional, condicionada por la crisis en Cataluña, asunto de especial sensibilidad para el elector andaluz medio, favorecería a ambas formaciones. Respecto a Podemos, la incógnita estriba en cómo puede afectar la desafección de un amplio sector del partido frente a la dirección nacional de Pablo Iglesias. Si bien las expectativas de la formación morada bajan en toda España, la singularidad andaluza que representa su enfrentamiento abierto con el PSOE puede dar una sorpresa. En definitiva, las elecciones en Andalucía pueden ser el mejor test de la situación política nacional.