Anticorrupción: lo que España pide

Pedro Sánchez tuvo ayer la oportunidad de cerrar con Mariano Rajoy un gran acuerdo contra la corrupción, pero optó por una política de corto vuelo y por no apoyar los proyectos propuestos por el Gobierno: el de control de financiación de partidos políticos y el del estatuto de altos cargos. El líder socialista prefirió mantener las enmiendas a la totalidad a estas leyes, un gesto tan maximalista como estéril que no servirá de nada porque, finalmente, las medidas salieron adelante con los votos del PP. Negar este pacto de regeneración que la sociedad española está exigiendo sólo puede interpretarse en clave de los equilibrios de poder en el PSOE y en la imposibilidad de aplicar las mismas leyes que, a su vez, quieren que cumpla el partido en el Gobierno, como así debería ser. Rajoy fue explícito en su turno de réplica en el Pleno del Congreso de ayer: «Su límite para luchar contra la corrupción está en Despeñaperros». Pero, como decíamos, los ciudadanos españoles están pidiendo que en la actividad política imperen unos valores éticos estrictos y que primen los intereses generales del país por encima de los partidistas. Rajoy ha entendido este mensaje –y así asumió el coste de la dimisión de Ana Mato– y no echó mano del argumento de «y tú más», aunque sobraran razones –de nada sirve pedir explicaciones sobre la trama «Gürtel» cuando el secretario general socialista es incapaz de darlas sobre el «caso de los ERE»–, porque lo importante ahora es poner en marcha unas leyes claras que impidan los comportamientos delictivos dentro de la política y sistemas de control para que ningún cargo electo se beneficie de sus cargo. Aunque sin el apoyo de la oposición, lo relevante es que las herramientas con las que se va a luchar contra la corrupción en nuestro país son las aprobadas ayer por el actual Gobierno y todas deberán ser cumplidas, por lo que son instrumentos fundamentales para sanear la actividad política. Por lo tanto, es responsabilidad de todos, tanto del partido del Gobierno como de los grupos de la oposición, hacer que estas leyes sean eficaces. Estamos hablando de medidas para regular la financiación de los partidos políticos y de un Estatuto del Alto Cargo en la Administración del Estado que obligue a una mayor transparencia y rigor ético de los funcionarios públicos, además de los proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para impedir que se alarguen los procesos creando la falsa idea de que la Justicia es el espectáculo de ver entrar a inculpados en casos de corrupción en los juzgados, o una reforma del Código Penal que incluya la inhabilitación para los delitos de cohecho, malversación y fraude. Y, además, la Policía y la Fiscalía realizan ejemplarmente su trabajo, por lo que hablar de «corrupción generalizada» sólo conduce a paralizar el sistema.