Artur Mas pone en grave riesgo los ahorros de los catalanes

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, número cuatro en la lista separatista de Juntos por el Sí, parece cada día que pasa más fugado de la realidad, sordo a los diagnósticos, muy ponderados, del mundo empresarial y de la banca que, simplemente, advierten de las consecuencias insoslayables de una hipotética independencia catalana. Son avisos que no buscan sembrar el miedo entre los ciudadanos, como afirman los secesionistas, sino que tratan de restablecer la verdad objetiva que, sistemáticamente, ha sido deformada por la asfixiante propaganda de la Generalitat y de sus subvencionados satélites. Ayer, ante la sensata e informada opinión del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, de que una Cataluña independiente, es decir, fuera de la Unión Europea y del euro, podría verse abocada a un «corralito» financiero por falta de financiación exterior, puesto que la comunidad se quedaría sin el acceso a la liquidez del Banco Central Europeo, Artur Mas se limitó a hacer un ataque ad hóminen, obviando el fondo de la cuestión. Con todo, lo más grave es que ni siquiera la constatación de los hechos consigue permear la coraza de quimeras con la que se revisten los separatistas. No es sólo que, una por una, todas las instituciones europeas hayan confirmado que la secesión catalana supone la automática salida de la UE, es que la realidad tozuda respalda a quienes desde la honradez intelectual y la defensa de sus legítimos intereses explican a los ciudadanos cuál es el verdadero estado de la cuestión. Así ocurre, por ejemplo, con los informes de las principales asociaciones empresariales, despachados con simples exabruptos por parte de los dirigentes nacionalistas, aun cuando saben que desde el año 2012 más de dos mil empresas radicadas en Cataluña se han deslocalizado, trasladándose a otras comunidades de España. Cataluña es la región, con mucha diferencia, que más tejido empresarial ha perdido. Y si bien la voraz política fiscal de la Generalitat y sus trabas a la libre competencia tienen, sin duda, una notable influencia en el problema, lo cierto es que éste viene agravándose a raíz de la inestabilidad política e institucional que inevitablemente acompaña al desafío independentista. Pero frente a los hechos, frente a la constatación de que la región española que más recortes ha hecho en políticas sociales –sobre todo en Educación y Sanidad– y la que mayores tributos impone a sus ciudadanos y a sus empresas es, al mismo tiempo, la que mantiene la deuda pública más alta, sólo se responde con argumentos voluntaristas y expresiones de deseos. Cuando no con amenazas que son imposibles de cumplir, como la última de que la Generalitat se negaría a pagar su deuda pública. Nada de esto tiene, en el fondo, viso alguno de verosimilitud, por cuanto la hipótesis de la secesión sólo se contempla como ejercicio dialéctico. Pero el hecho de que en las próximas elecciones las opciones separatistas obtuvieran un resultado como el que auguran las encuestas, rozando la mayoría absoluta de escaños, supone añadir un factor de inestabilidad institucional y de enfrentamiento político que en nada beneficia a Cataluña y al resto de España y que sólo servirá para poner trabas a la recuperación económica y, en consecuencia, prolongar la agonía del desempleo en la que viven cuatro millones de españoles.