Bélgica debe respeto a la democracia española

De la misma manera que no parece procedente poner en duda la independencia del Poder Judicial belga, tampoco es aceptable que desde algunos sectores del nacionalismo flamenco, que forma parte del Gobierno federal, se intente cuestionar la imparcialidad y la independencia de la Justicia española, atribuyendo a razones políticas la investigación judicial abierta contra los integrantes del anterior Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Pero, aunque damos por supuesta la rectitud de criterio de los tribunales belgas, tampoco conviene caer en ingenuidades. La propia conducta del ex president Carles Puigdemont alimentan las sospechas de que el procedimiento legal puede verse mediatizado por la «sensibilidad» independentista de la parte flamenca del país. En este sentido, hay que denunciar la clara injerencia de algunos miembros del Gobierno de Bruselas, como el xenófobo ministro del Interior, Jan Jambon, que da por válida la interpretación de que los ex miembros de la Generalitat de Cataluña no han cometido delito alguno «porque obedecían el mandato de sus electores», y que implica con sus irresponsables comentarios a todo el Ejecutivo belga. No se pueden dejar sin respuesta los insultos a la democracia española, que es una de las más avanzadas de Europa, y a la independencia de sus jueces. Bruselas debe disculparse o atenerse a las consecuencias de su deslealtad hacia un país aliado y socio.