Cautela frente a alarmismo

Sin caer en alarmismos, puesto que aún no hay evidencia científica que establezca una causa-efecto entre la inyección de gas en el pozo «Castor» y los movimientos sísmicos registrados durante los últimos días en la costa de Castellón y Tarragona, la decisión adoptada por el Gobierno de ordenar la suspensión de los trabajos en las instalaciones submarinas de Amposta es una medida adecuada que responde al principio de precaución, entre otras cuestiones, porque la insólita actividad sismológica coincide en el tiempo con la puesta en marcha del sistema de almacenamiento. En efecto, los movimientos telúricos, algunos de los cuales han superado la magnitud de cuatro en la escala Richter, empezaron a registrarse pocos días después de que el consorcio hispano-canadiense que explota las instalaciones comenzara a inyectar el «gas colchón» con el que se comprueba la estanqueidad del depósito a diversas presiones. Los técnicos ya contaban con la posibilidad de que se produjeran microseísmos con este tipo de actividad industrial, pero lo insólito es la intensidad alcanzada por algunos de ellos, que mantiene en la lógica zozobra y preocupación a los vecinos de la zona afectada. En este caso, no cabe atribuir responsabilidades a la empresa explotadora, que cumplió con todas las medidas de seguridad establecidas por el anterior Gobierno socialista, incluidos los carísimos sismógrafos de alta precisión con que se dotó a las instalaciones. Esa responsabilidad, sin embargo, sí cabe achacarla a los titulares socialistas de los ministerios de Industria y Medio Ambiente entre los años 2008 y 2010 que, pese a las reiteradas advertencias provenientes de Cataluña y la Comunidad Valenciana, no creyeron conveniente incluir estudios sismológicos en la obligada declaración de impacto ambiental, en la que no se estableció el menor condicionamiento por razones sísmicas, como ha confirmado el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Ahora, la falta de rigor de que hicieron gala sus antecesores ha puesto en riesgo no sólo la seguridad y el bienestar de los habitantes de la zona afectada, muchos de los cuales llevan varias noches sin poder dormir con tranquilidad, sino también la inversión multimillonaria que ha requerido la habilitación del antiguo pozo petrolero de Amposta y su gaseoducto asociado. Es una herencia más que, en el caso de que el informe geológico sea negativo, tendrá que asumir el actual Gobierno. Porque es evidente que los trabajos del proyecto «Castor» no pueden reanudarse hasta que los informes técnicos garanticen la seguridad de las personas y bienes. Por lo demás, conviene subrayar que depósitos como el Castor son de uso corriente (hay más de 600 en el mundo), son fiables y cumplen con las más estrictas medidas de seguridad.