Coherencia frente al aborto

La reforma de la actual Ley del Aborto no es sólo uno de los compromisos electorales del Partido Popular, sino que entronca de manera directa con su ideario y con la sensibilidad de la inmensa mayoría de quienes le concedieron su voto el 20 de noviembre de 2011. No estamos, pues, ante una reforma legislativa más, sino ante un asunto central que va mucho más allá de las circunstancias políticas coyunturales. No en vano, la defensa de la vida y de los derechos del no nacido ha sido uno de los caballos de batalla del gran partido del centroderecha español, volcado en la protección del más débil y en la lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres. Ningún otro partido puede presentar un mejor currículum en este campo, como demuestra el hecho de que es la formación política con más mujeres en puestos de responsabilidad pública. Nadie que se presente a unas elecciones bajo sus siglas puede ignorar estos extremos ni hacer caso omiso de esos principios. Se trata, cuando menos, de un ejercicio de coherencia del todo exigible a quienes aceptaron esa responsabilidad. Más aún, por cuanto la vigente legislación del aborto, promulgada por el último Gobierno socialista en 2010, fue recurrida por los populares ante el Tribunal Constitucional – que ha preferido no pronunciarse, dando largas a un asunto capital– al entender, con acierto, que al tratarse de una ley de plazos vulneraba la reiterada doctrina que el propio Tribunal fijó en 1985, en virtud de la cual la vida del no nacido está amparada por la Constitución, de modo que no se compadece con su mandato una ley de plazos que legaliza el aborto sin restricciones. En definitiva, el proyecto de ley elaborado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, responde al inequívoco compromiso electoral adquirido por el Partido Popular con sus electores, a la necesaria restitución del orden constitucional alterado y al cumplimiento del convenio de Naciones Unidas de protección de los derechos humanos, que proscribe la discriminación por razón de minusvalía. Ciertamente, sería deseable que se alcanzara el mayor consenso posible durante la tramitación parlamentaria de la ley, que como cualquier obra humana es perfectible, pero sin alterar ni un ápice el fondo de la cuestión, que es la defensa del derecho a la vida frente al fracaso absoluto del aborto. Dicho lo cual, y aun admitiendo la bondad de la pluralidad interna en los partidos políticos, están fuera de lugar las posiciones personales de quienes se les debe suponer el mayor compromiso e identificación con el ideario y el programa electoral de la formación en la que se integran. Reiteramos que no es un proyecto de reforma más de las muchas que ha tenido que abordar el Gobierno de Rajoy, sino una cuestión medular a la propia esencia del partido que lo sustenta.