Compromiso por la equiparación

Hay que apreciar en lo que vale el firme compromiso adquirido por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con los representantes de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones de la Guardia Civil para corregir la inaceptable situación de agravio comparativo que supone la desigualdad salarial de los hombres y mujeres que sirven en la Fuerzas de Seguridad del Estado con los agentes de las policías autonómicas y municipales. Para LA RAZÓN, que ha sostenido editorial e informativamente las reivindicaciones de policías y guardias civiles, supone una grata noticia, que esperamos ver plasmada en los Presupuestos Generales del Estado a la mayor brevedad posible, puesto que son ya demasiados años en los que se ha mantenido esta anómala situación, que sólo se explica desde la enorme capacidad de servicio, la profesionalidad y el espíritu de sacrificio que son patentes entre quienes tienen encomendada la seguridad y las convivencia pacífica de los ciudadanos. Por ello, como ha reconocido el titular de Interior, ha sido la propia sociedad española la que, a raíz de la crisis de Cataluña y de los ataques ignominiosos sufridos por nuestros policías y guardias civiles por parte de una minoría fanatizada por el independentismo, ha reaccionado con palmaria indignación en defensa de los derechos de los servidores del orden público. Nos alegra, también, que desde el Gobierno se plantee un acuerdo global, ciertamente ambicioso, que dé solución definitiva a los dos grandes problemas profesionales que afectan a los policías y los guardias civiles, como son la equiparación salarial y la actualización del catálogo de puestos de trabajo, que incide directamente en las condiciones laborales, así como la mejora en los medios materiales y en las instalaciones, muchas de ellas en tal situación de deterioro que obligaría a derribarlas y edificarlas de nuevo. En principio, y conscientes de que los detalles técnicos de un acuerdo tan complejo deben quedar en manos de los propios profesionales y de las autoridades del Ministerio del Interior, no es de prever que se produzcan resistencias entre las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria a la hora de dotar económicamente el citado acuerdo. Ayer mismo, la diputada del PSOE, Esther Peña, cifraba en unos 1.800 millones de euros, a invertir en los tres próximos ejercicios. Ahora bien, éste no puede quedar supeditado exclusivamente a la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales, situación que convertiría a los agentes del orden en rehenes de la negociación política, lo que sería de todo punto inaceptable. Por supuesto, creemos que, dentro de una lógica política de servicio al interés general, el Gobierno debería encontrar en el principal partido de la oposición una predisposición positiva a negociar unos PGE que den continuidad a la senda de crecimiento emprendida por la economía española y favorezcan el esfuerzo en la creación de empleo y en la mejora de los salarios, que son los grandes retos pendientes. Pero sería ingenuo desconocer los mecanismo partidarios de la política. Por ello, tal y como permite la Ley, en caso de obligada prórroga presupuestaria el Ministerio del Interior debería habilitar partidas extraordinarias para, por lo menos, atender la demanda más urgente, que es la equiparación salarial de los policías y guardias civiles. Como señalábamos al principio, son ya demasiados años de desigualdad y demasiadas las promesas incumplidas. La situación económica española, como reconoce el propio ministro Juan Ignacio Zoido, permite abordar unas reivindicaciones que la inmensa mayoría de la sociedad considera justas e inaplazables.