Corrupción: ni impunidad, ni doble rasero

Es sabido que los tiempos de los tribunales no son los de la política, pero ello no impide para que el estallido mediático del llamado «caso Taula» se haya producido en un momento especialmente delicado para el futuro de la estabilidad española, puesto que afecta a la imagen y credibilidad del Partido Popular, que ha ganado las elecciones generales y que está inmerso en un complicado proceso negociador para conformar una mayoría de consenso constitucional que aleje a España de los riesgos del populismo y de las tensiones de los separatismos. En efecto, el procedimiento judicial que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en la empresa pública valenciana Imelsa arrancó hace 19 meses, tras una denuncia de Esquerra Unida a la Fiscalía anticorrupción, y desembocó ayer en la macrorredada ordenada por el Juzgado de Instrucción 18, lo que ha provocado la habitual reacción sobreactuada de los partidos de la oposición, que tratan con doble vara de medir los casos de corrupción según a quién afecten. Pero sin justificar en modo alguno unas prácticas que, por otro lado, tanto han perjudicado al PP y que éste lucha por erradicar, el caso no resta un ápice la legitimidad a Mariano Rajoy para negociar la mayoría ni ampara pactos contra los intereses de los españoles.