Desmontar las mentiras del «procés»

Es una cita con la verdad. Con el respeto a la Ley, al Estado de Derecho y a la Constitución. Es lo que, por otro lado, siempre han refrendado todos los dirigentes de la Unión Europea. La presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Eurocámara, busca redoblar el mensaje de respeto a la legalidad –que es el mismo que defiende el resto de los socios de la Unión–. Rajoy quiere poner en su lugar la mayor crisis institucional en décadas padecida por España. Subrayar que el Gobierno se ha mostrado siempre dispuesto a negociar sin límites, pero sobre la ley y la Constitución. Unas premisas sobre las que se asienta la administración pública de cualquiera de los socios de España. Unos principios que el independentismo dinamitó en sede parlamentaria y que el Pleno del Tribunal Constitucional combatió desde el primer momento. El TC declaró la inconstitucionalidad y nulidad de todos aquellos acuerdos de los grupos independentistas y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, para que, como se ha visto, procediese a exigir la responsabilidad penal. Unos hechos que arrancan muy atrás, durante la gestión de Artur Mas y el referéndum ilegal del 9-N, pero que alcanzaron su cima con los acuerdos de los días 6 y 7 de septiembre. Entonces, la Mesa del Parlamento de Cataluña permitió la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y fundacional de la república. De espaldas a la mayoría de la población catalana, de espaldas a la ley y al mandato constitucional del que emana su autoridad. Levantándose de manera desleal y utilizando de manera torticera medios, fondos y personal para unos fines que van contra el interés de todos los españoles. Tras aquello, el independentismo ha mutado. Ha salido al exterior para intentar repetir un relato victimista del que se han hecho eco, más allá de nuestras fronteras, los partidos xenófobos de Bélgica y Alemania o formaciones de la izquierda radical. El mensaje disgregador y secesionista catalán, antieuropeo, sus «fake news» han mutado las últimas semanas con Carles Puigdemont silente en Berlín. Alemania no es tierra propicia para desafíos a la Ley y la Constitución, a diferencia de Bélgica. Pese a todo, y ante cierto desconcierto y reticencias en la acción exterior española para contrarrestar el discurso del «procés», en las últimas semanas, el Gobierno ha decidido salir al paso de una falacia que por más que se repita no deja de ser mentira: que en España hay «presos políticos», que no existe separación de poderes en nuestro país y que el Ejecutivo «reprime». Unas fantasmagóricas acusaciones tan espectrales como la esoñación de la república catalana. Todo ello, echando mano de unas mentiras que por repetidas no se convierten en verdad. Con la aplicación del artículo 155 los españoles saben que el Estado se defiende de quienes van contra la soberanía nacional. Dentro y fuera de nuestras fronteras. España es un país democrático, con separación de poderes, con libertades públicas y personales. Incluso para los que intentan socavar nuestra convivencia. Ellos tienen derecho a defenderse en los tribunales con unas leyes que son de todos. Algo bien distinto a lo que en los albores de su intentona de crear una «república» buscaron construir: un poder judicial obediente de un poder ejecutivo conformado por los constructores del «procés». Frente a ellos urge que el Gobierno haga pedagogía y subraye que en nuestro país existen políticos presos por pretender destruir la convivencia, la prosperidad y la paz entre españoles. El desafío no sólo ha de ser combatido con leyes, también se debe dar batalla a las «fake news» y sus mentiras torticeras.