Diálogo envenenado con Torra

La palabra que ha marcado el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez es «normalización». Se entiende que es una normalización frente a lo que consideran una situación anormal, representada, claro está, por el recién depuesto Gobierno de Mariano Rajoy. La portavoz del nuevo gabinete, Isabel Celaá, abusó en exceso de ese término ambiguo, aunque de marcado significado en la comunicación política que está guiando los primeros pasos en La Moncloa de Sánchez. Sin embargo, para tratar el mayor problema político que tiene planteado España, que no es otro que el desafío secesionista catalán, conviene ser preciso y ajustar las palabras a los hechos concretos. El diálogo es necesario, sin duda, en cualquier ámbito institucional y social, pero hay que saber qué se habla, qué se negocia y con qué objetivo. Como principio, una democracia no puede negociar con aquellos que han subvertido el orden constitucional si antes no hay una corrección en toda regla del camino emprendido por los independentistas. El Ejecutivo socialista ha vendido como muestra de normalización el levantamiento del control financiero sobre la Generalitat, que ya se contemplaba tras la caída del 155. ¿En eso consiste la normalización? La fiscalización de las cuentas tuvo un primer paso en 2015, cuando la administración catalana se sumó al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y un segundo momento cuando en 2017 se intensificó dicho control para evitar que el gobierno de Carles Puigdemont desviase dinero público para sostener el plan secesionista, como parece que así hizo. Recordemos que la Guardia Civil ha acreditado en un nuevo informe sobre la presunta malversación de fondos públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre que la Generalitat comprometió 3,26 millones de euros. Nada indica que Torra se proponga reconducir el «proceso», ni ha habido un solo gesto, ni uno solo, de voluntad de aceptar el marco constitucional y frenar una situación que en estos momentos sólo puede conducir a agudizar la fractura social en Cataluña. «Es una medida de normalización», dijo ayer la portavoz gubernamental. Sin duda debería serlo, pero en unas condiciones de normalización real de la vida política y social en Cataluña, algo de lo que se dista todavía mucho. ¿Ha pedido el actual Gobierno, por ejemplo, el gesto de que se renueve la cúpula de TV3 y que se deje de utilizar como un aparato de intoxicación intolerable a favor del independentismo? Lo que sí sabemos es que una de las primeras medidas del gobierno de Torra tras el levantamiento del 155 es transferir 20,4 millones de euros extras para esta maquina de propaganda. Si lo que persiguen los actuales dirigentes independentistas es negociar las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional y que vuelvan a entrar en vigor y recuperar así sus posiciones políticas, una vez levantado el 155 y el control financiero, el nuevo Gobierno debería explicarlo cuanto antes. Esperemos que la titular de Administraciones Públicas y militante del PSC, Meritxel Batet, en su anunciada comparecencia de la próxima semana, sea clara sobre cuál va a ser el plan de contactos con la Generalitat y qué gesto espera de Torra. Está muy bien que la portavoz Isabel Celaá dijese en su estreno que el Gobierno afrontará esos futuros contactos «con la Constitución en una mano y el diálogo en la otra», si esto quiere decir que hay un límite que no debe traspasase y es el marcado por la Constitución, la integridad territorial y la soberanía nacional. Mariano Rajoy nunca negó el diálogo, pero sí dentro de la legalidad. Cuando Mas y después Puigdemont le pusieron el célebre programa de 45 puntos estaba dispuesto a hablar de todos, menos de uno: la celebración de un referéndum vinculante. Dialogar, sí, pero ¿dialogar sobre qué?