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Diálogo y ley en Cataluña

Tiempo de lectura 4 min.

23 de enero de 2017. 01:04h

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23/1/2017

Insistir en que es obligación del Gobierno que los servicios funcionen en Cataluña y que la Generalitat sea partícipe de las decisiones que le afectan puede parecer una obviedad, pero entre los destrozos hechos por el «proceso» está el del lenguaje. La Ley no significa lo mismo en el ecosistema político independentista: sólo se cumple si no va en contra de la hoja de ruta secesionista. Así que hay que decir que es tarea del Gobierno que en Cataluña sea debidamente administrada. En definitiva: que se cumpla. La ausencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la Conferencia de Presidentes autonómicos del pasado día 17 sólo fue una manera muy propagandística de desentenderse de aquellos asuntos públicos que sí están en manos de los políticos resolver. Para enredar la vida política y las relaciones entre Cataluña y el resto de España, ya sabemos que el aparato propagandístico del independentismo está sobradamente capacitado. Un ejemplo que no es una anécdota: la Generalitat se va a gastar más de 120.000 euros (127.810,57 es la partida presupuestada) en promocionar la conferencia que Puigdemont pronunciará mañana en una sala del Parlamento Europeo, en Bruselas, y de la que la propia Eurocámara se ha desentendido. Es decir, publicitar un acontecimiento en el que se propugna un referéndum ilegal y, además, hacerlo con fondos públicos contraviene las obligaciones de cualquier responsable público. Cumplir la Ley es el primer principio político. Pese a estos desafíos al Estado de Derecho, el Gobierno mantiene abierta la «operación diálogo», que es una estrategia que no tiene más objetivo que visualizar la presencia del propio Estado en Cataluña y de mantener abiertos todos los canales para estar en permanente contacto con los agentes políticos, económicos y sociales. El Gobierno sabe que la Generalitat no tiene más margen de maniobra que tensar la cuerda y forzar al Estado hasta tomar medidas de «excepción», o lo que los soberanistas consideran excepcional, que es la simple aplicación de la Ley. En este sentido, todo indica que se mantendrán dos líneas: impedir con todos los medios legales en la mano la organización de un referéndum ilegal y mantener la vías de diálogo para solventar los serios problemas de financiación de la Generalitat. Este último capítulo es sin duda especialmente insoportable por el alarde de deslealtad de los dirigentes nacionalistas: que toda la sociedad española tenga que financiar su plan secesionista. El Gobierno lo tiene claro, de ahí que, en lo que esté en su mano –en la de la Abogacía del Estado o en las atribuciones que le conceden sus recursos ante el Tribunal Constitucional–, hará cumplir la Ley. Ahora mismo, la agenda soberanista no tiene más objetivo que la realización de un referéndum «sí o sí» el próximo mes de septiembre, de ahí que la Generalitat y sus aparatos de propaganda –la ANC y Òmnium– estén plenamente en activo. La sociedad catalana está dando sobradas muestras de hartazgo ante el estado permanente de movilización al que está siendo sometida. Por otra parte, dentro del propio independentismo hay disputas que se pondrán encima de la mesa si se acaba convocando elecciones: si gana ERC, como así anuncian todos los sondeos, la velocidad del proceso sólo dependerá de ellos. Pero el primer objetivo estaría cumplido: que un partido independentista «de verdad» alcance la Generalitat. El Gobierno es muy consciente de que algunos de estos problemas se podrían haber evitado de haber tenido el Estado la presencia que le corresponde. Ese error no se volverá a repetir. Cataluña es mucho más que la imagen que la Generalitat quiere transmitir y de la que se ha adueñado. Esa sociedad, abierta, plural y tolerante, necesita un interlocutor.

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