Dudoso mercadeo con la inmigración

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Los magros resultados del Consejo Europeo en materia de inmigración pueden, tal vez, haber salvado la cabeza política de Ángela Merkel y otorgado algún tiempo de respiro al conjunto de la UE, pero, desde luego, en nada contribuirán a encauzar y resolver un problema que escapa a la capacidad de decisión de los distintos socios. Así, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya ofrecido a aliviar de refugiados al estado federado de Baviera, a cambio de que sea Berlín la que corra con los gastos, puede ayudar a la canciller a mantener el apoyo de la CDU bávara, pero se trata de un dudoso mercadeo con gentes que, en buena parte, vienen huyendo de situaciones de horrorosa violencia, a las que sólo se les ofrece la alternativa de cambiar de lugar de reclusión y que no soluciona el fondo de la cuestión. Ya no es momento de lamentos y recriminaciones, aunque sí conviene recordar que fue, precisamente, Ángela Merkel quien abrió la caja de Pandora cuando, en un gesto pretendidamente humanitario y cargado de buenismo, decidió que el acuerdo comunitario de Dublín –que establecía que las solicitudes de asilo debían gestionarse en la primera frontera europea que pisara el candidato– era papel mojado y abrió la puerta a casi un millón de supuestos refugiados. El efecto llamada, previsible, provocó en 2015 la mayor oleada de emigración de las últimas cuatro décadas y sólo pudo corregirse mediante un pago millonario a Turquía para que ejerciera un control efectivo de sus fronteras. Se podrá vender como se quiera, pero los acuerdos tan penosamente alcanzados ayer en Bruselas van en la misma dirección de ofrecer más fondos comunitarios, más ayudas, a aquellos países que se comprometan a controlar los flujos migratorios, como ya se hizo en su tiempo con Senegal y Marruecos, y, posteriormente, con la Libia de Gadafi. En este sentido, cabe preguntarse si el Gobierno de Pedro Sánchez es consciente de que a España, al formar parte principal de la frontera exterior de Europa, le asiste el derecho a recabar la cooperación del resto de los socios comunitarios, que no pueden desentenderse de un problema que, como se ha visto en Italia, acaba por fomentar los populismos más radicales y amenaza con hacer implosionar la misma UE. Y sin embargo, Madrid, como Atenas, parece dar por buenos unos acuerdos que dejan, literalmente, en manos de la buena voluntad del resto de los gobiernos su contribución a la, en palabras del propio Sánchez, «irrenunciable gestión de los flujos migratorios». Vista la insolidaridad a la que se han enfrentado los italianos, como antes los griegos y, aún antes, los españoles, es de suponer que, en cuanto pase la emergencia creada por el nuevo Ejecutivo de Italia, será nuevamente España, con sus propios medios, la que tenga que afrontar las consecuencias del cambio de rutas de las mafias de la inmigración irregular. Porque es un hecho incuestionable que, una vez cerrada la vía del Mediterráneo central, los traficantes de seres humanos están desviando los convoyes hacia las costas del sur y del levante español, con el agravante de que las decisiones efectistas y las políticas gestuales, que han presidido las primeras decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, son magnificadas por las mafias para impulsar el tráfico. Y tampoco se puede exigir a nuestros vecinos del sur, especialmente a Marruecos, que se mantengan en una política esencialmente represiva de la emigración, cuando desde el país más afectado por el problema se lanzan equívocos mensajes de buen acogimiento. Entre otras cuestiones, porque no es cierto. El nuevo Gobierno socialista mantiene las mismas barreras a la emigración irregular que los anteriores. Y, por lo visto en Bruselas, la única perspectiva cierta es que Pedro Sánchez tendrá que ampliar los CIES.