El acuerdo anticorrupción diezmaría al PSOE

Ciudadanos y el PSOE han anunciado que entre los acuerdos alcanzados en su negociación sobre un programa de gobierno se encuentra el que obligaría a los cargos públicos imputados por corrupción política a dejar su acta o, si no lo hacen, a ser expulsados. No deja de representar una cierta hipocresía por parte de los negociadores socialistas aceptar unas condiciones que, de aplicarse en su estricto sentido, diezmarían al partido de cargos públicos, dado que, en estos momentos, hay más de un centenar de imputados del PSOE por supuestos delitos de corrupción, que ni han entregado sus actas, ni nadie en la Ejecutiva parece interesado en demandárselas. Sin entrar en lo que supone de inversión del concepto garantista del proceso judicial el castigo preventivo para quien, aunque esté acusado, debería gozar de la presunción de inocencia. Los dirigentes socialistas deberían exigirse un poco de coherencia. Sobre todo, con el peso de una historia que, en estos asuntos, no es precisamente ejemplar. El caso de Ciudadanos es diferente y, hasta el momento, ha conseguido deshacerse con cierta celeridad de las decenas de corruptos que han surgido en sus filas. Pero se trata de un partido nuevo, de aluvión de militantes, lo que acarrea dificultades en la selección.