El año en el que la Generalitat desconectó de la realidad

Carles Puigdemont llegó hace un año a la presidencia de la Generalitat como pieza de repuesto tras la defenestración de Artur Mas, condición exigida por la CUP –un grupo de extrema izquierda y clónicas formas abertzales– para que Junts pel Sí –formado por la ex Convergència y ERC– pudiese gobernar. El discurso nacionalista ortodoxo del nuevo mandatario debía ayudar a borrar la imagen de aquella CiU atrapada en los negocios inconfesables de la familia Pujol. La CUP, que quieren pasar por unos franciscanos políticos –aunque mantengan el credo chavista–, sólo podía dar su apoyo al alguien que se pareciese lo menos posible a la derecha nacionalista que mandaría a la hoguera y que convocase el referéndum final de independencia y aprobase las leyes de desconexión. Ésa ha sido la función de Puigdemont, que está cumpliendo fielmente, aunque en todo cuanto atañe al «proceso», está velado por la pérdida del sentido de la realidad y la «voluntad del pueblo», como si ésta no debiera dar cuenta ante los tribunales. Ahí está el caso del 9-N y otras iniciativas parlamentarias ilegales, que cuando les conviene a Mas, Homs, Rigau, Ortega y Forcadell alardean de desafiar al Estado y al Tribunal Constitucional, pero cuando son llamados a declarar, ellos sólo «dieron voz a los catalanes». El año que Puigdemont lleva en la plaza de Sant Jaume ha consistido fundamentalmente en desentenderse de los asuntos que atañen al buen gobierno de las cosas terrenales, para dedicarse sólo y exclusivamente a las celestiales, que son las que tienen que ver con el «proceso». Por lo tanto, es imposible hacer un balance serio de su gestión tal y como se hace con otros gobernantes digamos que «normales», en consonancia con la política catalana en estos momentos. Sobra decir que, afortunadamente, las constantes económicas de Cataluña son inseparables de las del resto de España (nivel de paro y previsiones de crecimiento), pero baste recordar una de ellas como ejemplo del absoluto desinterés por la política real: durante su mandato, la deuda de Cataluña se ha incrementado en 5.994 millones de euros más, un 8,68%. El hecho de que al frente de la Consejería de Economía esté el líder del ERC, Oriol Junqueras, un absoluto desconocedor de materia tan compleja, explica que el gobierno que preside Puigdemont sea un brazo ejecutor, que cuenta con todos los medios de la Generalitat, para aplicar la hoja de ruta secesionista. Durante este año, Puigdemont no ha encarrilado ningún diálogo con el Gobierno, ni ha buscado fórmulas de acuerdo y, ni mucho menos, corregir la gran dependencia que la Generalitat tiene del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), algo de lo que se ha desentendido; de hecho, los Presupuestos Generales de 2017 –muy «sociales» para que se visualicen las demandas de la CUP– no han escondido el capítulo destinado a costear el referéndum y a desarrollar la «política internacional» de los soberanistas. No hay que perder de vista que la llegada de Puigdemont a la primera responsabilidad política de Cataluña tiene que ver con el pacto con la CUP, que es la última gran anomalía del «proceso». El presidente de la Generalitat ya ha anunciado que no se presentará a la reelección, lo que supone en la práctica la aceptación de la derrota para el nuevo PDECat, que, según todos los sondeos, cederá la Generalitat a ERC, un partido históricamente independentista. Si Puigdemont nos quisiera sorprender con una «agenda oculta», ésta sería la de haber ayudado al tránsito sin dolor de los republicanos al poder con la ayuda de toda la administración catalana.