El delito sí es la rebelión

LA RAZÓN da cuenta hoy del inminente procesamiento por delito de rebelión del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont; del ex vicepresidente, Oriol Junqueras; de todos los ex consejeros que formaban parte del Gobierno catalán durante la intentona golpista; de la ex presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell; de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, así como de los líderes separatistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Si bien no se escapa a nadie la trascendencia política de esta decisión judicial, que puede acarrear penas de prisión de hasta 30 años para los inculpados, también es cierto que todos y cada uno de ellos deberían haber sido conscientes de la gravedad penal de los actos que iban a perpetrar y de las consecuencias de atentar contra la Constitución desde las propias instituciones del Estado. Sin duda, cuando el procesamiento sea firme, asistiremos a un nuevo episodio de la ceremonia de la confusión en la que son expertos los partidos y asociaciones separatistas, que trataran de cargar sobre el Ejecutivo, la responsabilidad de una decisión judicial que, por definición, es independiente y soberana. No hay, pues, posibilidad de arreglo político alguno ni nada puede hacer el Gobierno, aunque lo pretendiera, que no es el caso, por atemperar a los jueces, pese a la creencia demasiado extendida en el imaginario social español de que la Justicia se debe al poder. Muy al contrario, como demuestra la diaria realidad de nuestros tribunales, los procedimientos judiciales tienen vida propia y responden a unos tiempos que no son los de la política, pero que convendría tener muy presentes. Porque, simultáneamente a la instrucción que lleva a cabo el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, otras instancias judiciales, como la Audiencia Nacional o los juzgados catalanes, mantienen abiertos procedimientos de investigación conexos con el golpe antidemocrático de la Generalitat, que amplían extraordinariamente la nómina de políticos y funcionarios públicos imputados. Asimismo, la panoplia de delitos presuntamente cometidos incluye el de sedición, desobediencia, prevaricación y malversación, que en unos casos serán subsumidos por el de rebelión, pero que en otros casos llevarán a constituirse en causas independientes. En definitiva, que sobre una generación de representantes públicos catalanes, directamente vinculada a los últimos cinco años del llamado «proceso soberanista», pende una espada de Damocles que la inhabilita para más de una década. Sin embargo, y pese a la continua sucesión de decisiones judiciales en la línea de lo que afirmamos – ayer, la sala de lo penal del Tribunal Supremo refrendó la decisión del juez Llarena de no permitir que Oriol Junqueras y Jordi Sánchez pudieran acudir al Parlamento–, los partidos independentistas catalanes debaten para la presidencia de la Generalitat los mismos nombres que ya están marcados judicialmente, como si el 1 de Octubre y las acciones gubernamentales y parlamentarias subsiguientes hubieran sido una simple actuación simbólica sin trascendencia alguna. Esta inexplicable, por insólita, falta de percepción de la realidad, que lleva a propuestas de acuerdos postelectorales que caen en el mismo espectro delictivo de la rebelión, no es sólo lo que mantiene a Cataluña en una situación de bloqueo institucional, gravemente dañina para los intereses de todos sus ciudadanos, sino que mantiene en el sector más radical del separatismo las falsas expectativas que ya llevaron a la frustración. La democracia española, una de las más avanzadas del mundo, tiene en sus instituciones los instrumentos precisos para su defensa. Y tarde o temprano, el nacionalismo acabará por asumir que no hay más camino que el de la legalidad.