El Fiscal ni está ni debe estar sometido a la política

La Fiscalía está sumida en la controversia en estos días por su papel en los casos de presunta corrupción relacionados con antiguos cargos del PP. La oposición ha atizado esa brasa para desgastar al Gobierno aun a costa de llevarse por delante el prestigio del Ministerio Público. La acusación ha sido sencilla, pero eficaz: el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, actúan a las órdenes del Ejecutivo. PSOE y Ciudadanos han sumado fuerzas para pedir su destitución. El partido de Albert Rivera promoverá una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para que el Parlamento pueda relevar al fiscal general y se dote de independencia a los representantes del Ministerio Público respecto a las «decisiones jerárquicas». O lo que es igual, pretende un control, esta vez sí, político, pero en este caso desde el Legislativo, y que cada fiscal haga la guerra por su cuenta. Asistimos a una burbuja de descrédito interesada y oportunista, a una intoxicación maledicente. No hay un problema con la Fiscalía y la prueba es que se han promovido más procesos por corrupción que nunca con afectados de todos los partidos, también del PP. La carrera está sometida a los principios de independencia y jerarquía, y los superiores –también Moix– están legitimados para tomar decisiones, al igual que existen procedimientos de supervisión para canalizar las quejas. El Consejo Fiscal de hoy será una prueba de ello. España no necesita un nuevo modelo mal que le pese a Rivera; precisa que el debate partidista deje de contaminar el Ministerio Público y la Justicia.