El Gobierno, con la Ley

En un Estado de Derecho, la división de poderes asegura que los políticos, estén ocupando o no responsabilidades públicas, deban ser investigados por la Justicia si hay pruebas convincentes para hacerlo y dar cuenta de su gestión. En este sentido, la investigación abierta por la Agencia Tributaria contra Rodrigo Rato está dentro de la normalidad. Y así debe ser. Lo importante ahora es que las pesquisas se hagan lo más rápido posible y no se demore un proceso que, a la larga, sólo favorecería a intereses espurios alejados de lo que realmente está en juego: la lucha contra el fraude fiscal, con la que el Gobierno se ha comprometido a fondo y que forma parte de su estrategia en los planes anticrisis. Por lo tanto, es una batalla que nunca es fácil de afrontar por la alarma social que puede provocar, y más cuando la tentación electoral pesa más que la responsabilidad. No está de más en estos momentos hacer una llamada contra el oportunismo político. Lo dijo ayer en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: «La Agencia Tributaria, las aduanas y el servicio de prevención contra el blanqueo realizan una labor que es esencial para garantizar la solvencia del país y su sostenibilidad financiera». Eso es lo importante y a este objetivo debe dedicarse el Gobierno. Los hechos –que se encuentran bajo secreto de sumario– son claros: la Fiscalía de Madrid acusa a Rato de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal. El operativo desplegado ayer se puso en marcha por orden del juzgado número 35 de Madrid tras recibir una denuncia de la Fiscalía. El motivo por el que el ex ministro de Economía se acogió a esta amnistía fiscal aprobada en 2012 es lo que ahora hay que dilucidar, con el objetivo fundamental de conocer la procedencia de ese dinero. En estos momentos, conviene no perder de vista que la Declaración Tributaria Especial tenía como objetivo prioritario la declaración voluntaria de deudas y para que determinados capitales regresasen al circuito legal, siempre que se obtuviesen lícitamente. A este procedimiento se han acogido 29.683 contribuyentes y ha permitido aflorar bienes que no estaban reflejados ni en el PIB ni en la balanza de pagos por un importe de 40.000 millones de euros. Además, a este procedimiento hay que sumar la Declaración de Bienes en el Extranjero (en 2014 se declararon 20.615 millones). Estas políticas y la lucha contra el fraude han permitido ingresar en tres años de legislatura 34.785 millones. El Gobierno reiteró su imparcialidad con los procedimientos que deben emprenderse y ha tramitado en el Congreso la comparecencia, a petición propia, del director de la Agencia Tributaria. Ahora es el momento de abrir una investigación exhaustiva, seria y que asegure la presunción de inocencia.