El pacto Sánchez-Iglesias debe ser público

El 4 de marzo de 2016 se sometía a votación la primera moción de censurapresentada por Pedro Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Como es sabido, no salió adelante, momento en el que el líder socialista emprendió su particular descenso al infierno de la calle Ferraz. Obtuvo un total de 131 votos a favor, después de sumar los 90 escaños de su partido, los 40 de Cs y uno de Coalición Canaria. Pablo Iglesias traicionó el primer asalto a La Moncloa, después de haber anunciado, tras salir de su reunión con el Rey, que quería la vicepresidencia, unas cuantas carteras, el CNI y RTVE.

De ahí viene la desconfianza, sin duda fundada, que siente Sánchez hacia él. Estos días hemos visto claramente representada esta animadversión personal mutua, lo que humanamente puede tener sentido, pero no cuando ambos se esfuerzan en formar parte del mismo Gobierno.

Desde aquel día a hoy se ha avanzado poco, incluso se ha retrocedido, porque Podemos tiene ahora menos representación (42) que antes (71), lo que no le ha impedido negociar en mejor posición con el PSOE.

En 2016 Iglesias no quiso apoyar a Sánchez porque aspiraba a tomar el poder – y no prosaicamente –, mientras que en estos momentos tiene la posibilidad de entrar en el Consejo de Ministros y con ello frenar su declive y su propia cabeza como líder.

Ayer Sánchez obtuvo sólo 124 votos a favor de su investidura, los de su partido y uno de los regionalistas cántabros, lo que da cuenta de la extrema minoría en la que se encuentra el candidato. Nunca un aspirante a la presidencia del Gobierno había contado con unos apoyos tan bajos y nunca en una sesión de investidura se ha rechazado por dos veces la misma candidatura.

Puede extraerse una lección que debe ir más allá de la peculiar trayectoria política de Sánchez: el Gobierno que pueda presidir tendrá serias dificultades para hacer políticas y reformas profundas. Sólo desde esta debilidad puede entenderse el empecinamiento de Iglesias en conseguir sentarse en el Consejo de Ministros y pedir una tercera parte de las carteras, con vicepresidencia social con plenas atribuciones.

La presión a la que está sometiendo al candidato socialista está minando la credibilidad y fortaleza del futuro Gobierno del que quieren formar parte, algo que entra en los planes de Podemos para frenar su declive y el avance de Errejón, otro futuro socio. Digamos que es una demostración de que por lo menos durante un año de legislatura – el tiempo permitido hasta convocar de nuevo elecciones – puede haber un serio problema para la gobernabilidad del país.

En ochenta y seis días, Sánchez ha tenido tiempo de culminar una negociación o de, por lo menos, encauzarla de una manera racional y seria, incluso de saber que su opción de pactar con Iglesias era inviable y debía cambiar de aliado. Pero parece que esta no ha sido su intención desde un principio: sólo quería dejar pasar el tiempo y escenificar un desencuentro final con Podemos. Como en la alta comedia, el desenlace es la clave. En este tiempo no ha presentado ni un sólo documento, ni un esbozo serio del programa, nada.

Concluidas las negociaciones en 2018 de la gran coalición alemana entre los socialcristianos de Merkel – más los bávaros de la CSU – y la socialdemocracia de Schulz se presentó un documento de 170 páginas, donde se recogían 140 acciones de gobierno concretas, de las que unas 40 ya se habían aplicado en el tiempo del gabinete interino. Hablamos de los dos polos de la política alemana. Sin embargo, Sánchez e Iglesias, que tantas «sensibilidades» comparten como representantes de la izquierda española, de la más moderada a la más extremista, no han sido capaces de explicar públicamente qué han negociado, más allá de cargos y vagos principios ideológicos («un gobierno de progreso, feminista y ecologista»).

Investir mañana a un presidente del Gobierno sin saber cuál es el programa que ha pactado sería de una grave irresponsabilidad. Hay demasiado en juego.