El PSOE es una fábrica de parados

La Encuesta de Población Activa (EPA) referida al primer trimestre presenta algunos síntomas muy inquietantes con respecto a la salud de nuestra economía, que desde toda evidencia comienza a sufrir los primeros embates de la desaceleración. Sin embargo, el principal problema no se encuentra tanto en los malos datos del desempleo o en el crecimiento de la temporalidad del mercado de trabajo, sino en que nos hallamos en la misma dinámica de negación de los hechos, voluntarismo político y error en la adopción de las medidas adecuadas que, durante el anterior Gobierno socialista, hicieron de España uno de los países más castigados por la crisis financiera de 2008. Ayer, una vez más, desde un Ejecutivo socialista se trató de disimular la realidad de unos datos que merecerían de nuestros gestores públicos, al menos, alerta y prevención. Es más, la ministra de Economía, Nadia Calviño, negó la mayor, festejando el buen comportamiento del mercado de trabajo durante 2018, pero ocultando cuidadosamente que más del 80 por ciento del empleo creado lo fue entre los meses de abril y junio, con 469.000 contratos, para reducirse a 127.000 empleos nuevos en los seis meses siguientes, es decir, ya bajo el Gabinete de Pedro Sánchez. Y ello, sin olvidar el impulso dado por el Ejecutivo socialista a la contratación pública, que ha elevado el número de estos trabajadores hasta los 3,2 millones, la cifra más alta jamás alcanzada por las administraciones española. Pero, como hemos señalado, los hechos son tozudos y la EPA los refleja con nitidez. Así, en el primer trimestre del presente ejercicio el paro ha subido en 50.000 personas, lo que representa el peor dato desde 2013. La tasa de desempleo sube dos décimas, hasta el 14,78 por ciento, lo que supone la existencia de 3.354.200 parados. Se ha destruido empleo en 13 de las 17 comunidades autónomas –incluidas Madrid y Cataluña–, ha subido el paro juvenil, hasta representar el 35 por ciento de los menores de 30 años; 36.000 hogares más declaran tener a todos sus miembros en el desempleo, lo que supone un millón de hogares en los que nadie tiene trabajo, y uno de cada cuatro empleos públicos es temporal. Asimismo, los contratos a tiempo parcial crecen hasta el 14,9 por ciento, mientras la temporalidad se sitúa en el 26 por ciento. En consecuencia, el ritmo de crecimiento de los contratos indefinidos ha entrado en tasas negativas desde junio de 2018, tras la moción de censura que tumbó al Gobierno de Mariano Rajoy, como ha venido denunciando el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Son múltiples las causas que explican la evolución negativa del empleo y, entre ellas, podemos citar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la ralentización de los mercados exteriores, por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el frenazo de la locomotora alemana, o la gran distorsión en las expectativas de compra del ciudadano que ha sufrido la industria española del automóvil, que representa el 10 por ciento del PIB y el 9 por ciento de la población activa, tras las irresponsables declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el 11 de julio de 2018, en las que afirmaba que los días del diésel estaban contados. De ahí, que el sector del motor lleve siete meses en cifras negativas. Pero, en realidad, todas estas causas se resumen en una: la desconfianza de empresarios y consumidores ante las políticas económicas de los Gobiernos socialistas, que siempre cargan fiscalmente sobre la creación de riqueza. Y así, muchas decisiones de compra y de nuevas inversiones están siendo aplazadas hasta que los resultados electorales despejen las serias dudas que, para el futuro de la Nación, plantea la posibilidad de un Gobierno del PSOE, apoyado por los comunistas.