El Rey, con la labor de los jueces

La ceremonia de entrega de despachos a los jueces de la 67ª promoción de la Escuela Judicial, que ha tenido lugar en Barcelona presidida por Su Majestad, sólo ha contado con la asistencia de representantes del Poder Judicial y de los cuerpos y fuerzas de Seguridad, que, por su estatuto, actúan como Policía judicial. Se trataba, por supuesto, de una expresa delimitación institucional para realzar en estos graves momentos la independencia de la Justicia, que es uno de los tres pilares sobre los que se construyen los estados verdaderamente democráticos, como el español. En efecto, en una democracia real, sus jueces son, por definición, independientes, inamovibles y predeterminados, sólo sujetos al Derecho y la Ley. Por ello, en su discurso, el Rey recordó a los nuevos miembros de la Magistratura –46 mujeres y 19 hombres– que encarnan la última garantía de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y que de ellos depende la defensa del ordenamiento constitucional, desde el respeto a su independencia y el reconocimiento de su profesionalidad. Oportunas palabras las de Don Felipe ante un auditorio que en su mayoría reside en Cataluña y que está siendo objeto de inusitadas presiones y espurias descalificaciones por parte de los movimientos separatistas catalanes, aunque no solo, sin otro motivo que su cumplimiento exquisito de la Ley. Que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que lleva el peso de la instrucción judicial de la intentona golpista del pasado octubre y asistía a la ceremonia, recibiera las más efusivas muestras de apoyo y simpatía por parte de sus colegas demuestra hasta qué punto son conscientes los jueces españoles de esta anómala situación. En el mismo sentido, la intervención del Rey, que terminó con una explícita declaración del apoyo de la Corona a la labor de la Magistratura y a la defensa de la independencia judicial, fue recibida con una cerrada ovación de los asistentes. No siempre, por supuesto, la sociedad percibe la actuación de la judicatura con unánime aprobación ni nadie pretende sustraer a las críticas las resoluciones judiciales, pero en el asunto que nos ocupa, la defensa del orden constitucional que fue conculcado en Cataluña, los ciudadanos respaldan abrumadoramente la labor de los jueces, que, si bien, no puede sustituir a la acción política, es indispensable en la restitución de la legalidad. Se equivocan, pues, quienes, desde la mejor de las voluntades, reclaman una menor actuación judicial como si ésta fuera incompatible con la acción de la política. Los jueces, como recalcó ayer Su Majestad, responden al imperio de la Ley y tienen sus tiempos procesales que no tienen por qué coincidir con los políticos. Sólo desde el respeto a las decisiones judiciales puede ordenarse la convivencia en una sociedad democrática. Así, las reclamaciones que desde distintos ámbitos, tanto del nacionalismo como de la izquierda populista, se hacen contra la supuesta judicialización de la crisis en Cataluña yerran por su base. Los delitos cometidos por los dirigentes separatistas tienen su inevitable reproche penal, que no excluye en modo alguno las vías políticas para la vuelta a la normalidad constitucional en el Principado. Pero este hecho, que pareciera evidente, no acaba de ser asumido por los actuales líderes secesionistas, que se empeñan en mantener la estrategia de confrontación institucional, como si desde el Poder Ejecutivo se pudieran condicionar las decisiones judiciales. Es la separación de poderes, consagrada por Montesquieu, la que determina la carta de naturaleza de las verdaderas democracias.