En defensa de los funcionarios de Cataluña

La llamada Ley de Transitoriedad Jurídica, eufemística manera de denominar a la declaración de independencia de Cataluña, contempla numerosas medidas para romper el actual marco legislativo sin que se note. Sería una especie de golpe de Estado indoloro en el que, de la noche a la mañana, se puede declarar la independencia a través de un rutinario pleno parlamentario. Para ello, los partidos nacionalistas –Junts pel Sí y la CUP– modificaron el reglamento del Parlament para aprobar si debate la ley de ruptura. Es decir, se necesitaría los mismos votos que para nombrar, por ejemplo, al director de la televisión pública. Hace unas semanas, el diputado Lluís Llach advirtió que aquellos funcionarios que no obedezcan al nuevo orden serán sancionados. El Gobierno ha puesto en marcha un procedimiento para proteger a los funcionarios ante el hostigamiento de la Generalitat para que cumplan sus indicaciones aunque suponga situarse en la ilegalidad. Garantizar la seguridad jurídica de los empleados públicos en Cataluña es fundamental en un momento en el que el independentismo ha decidido desobedecer las leyes, incluidas las sentencias del Tribunal Constitucional. Estamos ante un hecho gravísimo que no puede quedar sin respuesta. Los detalles de la creación de este futuro Estado catalán supondría la participación de muchos empleados, por lo que es necesario denunciar los engaños legales de los que tanto alardearon en el 9-N.