Firmeza ante Venezuela

La intolerable escalada de insultos contra las instituciones y los representantes democráticos españoles por parte del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha tenido, con la llamada a consultas de nuestro embajador en Caracas, la respuesta adecuada a la gravedad del hecho. En los usos diplomáticos, se trata de la medida de protesta más enérgica antes de la ruptura de relaciones con el país afectado y es la primera vez que el Gobierno de Mariano Rajoy adopta una decisión de tanto alcance –salvo la llamada conjunta a los embajadores de la UE en Damasco–, mucho más cuando Venezuela figura como uno de los países iberoamericanos con los que España mantiene más estrechas relaciones económicas, pero también afectivas y culturales por el notable incremento de la emigración venezolana a nuestro país. Aunque no es posible descartar, porque está en el código genético del régimen bolivariano, una serie de represalias contra las inversiones españolas en el país caribeño, no se puede ceder ante el matonismo de un presidente que no respeta las más elementales normas de cortesía en las relaciones internacionales y que ha demostrado escasos escrúpulos para injerir en los asuntos internos de otros países, hasta el punto, como ha señalado en LA RAZÓN el diputado venezolano Julio Montoya, de financiar con dinero público partidos y movimientos extranjeros ideológicamente afines, como Podemos, con el objetivo de extender ese fracaso que llaman «socialismo del siglo XXI». Un fracaso sin paliativos que no sólo ha llevado a la ruina financiera y social a uno de los países más ricos en materias primas del mundo, en el que, además, empezaba a desarrollarse el embrión del sector industrial, sino que ha derivado hacia comportamientos totalitarios, con la general usurpación de las instituciones del Estado –incluida la judicatura– por parte del partido en el poder, y a la política de criminalización de todos aquellos ciudadanos que no comulgan ciegamente con las directrices del Gobierno. Frente a una situación de virtual dictadura, frente a la persecución y encarcelamiento por delitos de opinión de líderes políticos y cargos electos venezolanos, el deber de los demócratas, independientemente de su posición ideológica, es de defensa a ultranza de la libertad y de los perseguidos por su causa. Es lo que han hecho las instituciones españolas, desde el Gobierno hasta el Parlamento, así como los ex presidentes Felipe González y José María Aznar, en una acción legítima y respetuosa con la soberanía de Venezuela. Nicolás Maduro, cada vez más acosado por sus problemas internos y emplazado a unas elecciones ya próximas, recurre a la vieja táctica del enemigo exterior. Cortina de humo que su tono energúmeno y faltón, sus graves acusaciones infundadas, claramente injuriosas, hacen de por sí demasiado evidente.