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Guerra sucia en Cataluña

Tiempo de lectura 4 min.

20 de enero de 2017. 00:41h

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20/1/2017

Como si fuera el secreto del polichinela, los partidos separatistas catalanes se preparan para el inevitable adelanto de las elecciones autonómicas –uno más– que vendrá provocado, bien por la negativa de la CUP a respaldar los presupuestos de la Generalitat, bien por el fracaso del referéndum soberanista previsto para el próximo mes de septiembre. En cualquiera de los dos casos, las encuestas predicen una victoria clara en las urnas de ERC y el desplome de la derecha nacionalista del PDeCAT, inmersa en un proceso de descomposición interna y sin un candidato de consenso, una vez que el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado la intención de no presentar su candidatura. Pero si entre los antiguos convergentes se debate el problema del liderazgo –incluso no se descarta el recurso desesperado a Artur Mas, responsable directo de la destrucción de la vieja CiU–, sus socios de coalición tienen en la figura de Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno catalán y líder de los republicanos, su principal activo electoral. Junqueras es un candidato sólido, que ha sabido colocarse de perfil para evitar desgastarse, y, contra todo lo esperado, ejerce la cara amable del separatismo en las relaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy. De ahí, que sus compañeros en este viaje a ninguna parte hayan diseñado una operación, que hoy desvela LA RAZÓN, para implicar personalmente a Junqueras en la convocatoria de la consulta ilegal, con la esperanza de que una eventual reacción judicial, que se prevé más rápida y contundente que hasta ahora, le inhabilitara penalmente. Es una estrategia «ad hominem», que no sólo revela la asunción de que el proceso independentista está a bocado al fracaso, sino el propio reconocimiento de la inferioridad en las urnas del PDEcat frente a ERC. Aunque se trata de una actuación poco elegante entre supuestos socios, hay que reconocer la habilidad del diseño: en estos momentos, Oriol Junqueras –que no tendría fácil negarse a firmar los decretos de convocatoria de la consulta– carece de un sustituto con su mismo tirón electoral, mientras que los convergentes podrían oponer a una esquerra sin Junqueras una alternativa aseada, como Mercè Conesa, actual alcaldesa de Sant Cugat. Pero, funcione o no el plan, causa desasosiego contemplar en lo que se ha convertido la acción política del soberanismo en Cataluña, donde sus dirigentes dirimen en las sombras la pugna por la supremacía mientras la gestión pública de los problemas que de verdad afectan a los ciudadanos queda en un segundo plano. Si como muestra basta un botón, el colapso de los hospitales catalanes ante la llegada de la epidemia de gripe refleja el deterioro de los servicios públicos. Son ya cinco años en los que el «procès» viene condicionando la política catalana en todos sus aspectos, y es utilizado, además, como cortina de humo de la ineficacia de unos dirigentes catalanes sometidos al constante chantaje de la CUP. En este sentido, la última exigencia de los cuperos al Gobierno de Puigdemont para que se incremente el tramo autonómico del IRPF en los presupuestos no es más que una estrategia de presión, pues no parece plausible que los antisistema estén dispuestos a forzar un adelanto de las elecciones, que puede suponer la renuncia al referéndum. Cataluña ya es la comunidad española con mayor presión fiscal, aunque buena parte de ese esfuerzo ciudadano se dilapida en el sostenimiento del proceso independentista, con lo que un incremento impositivo traería consecuencias electorales, no tanto para sus promotores como para los partidos que sostienen al Gobierno catalán. La guerra sucia se libra en todos los frentes.

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