Homs ya sabe que no está por encima de la ley

El 4 de noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional suspendió, por unanimidad, la celebración de la consulta independentista organizada por la Generalitat el 9 de noviembre. En la misma providencia se suspendía cautelarmente «las actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella». De esta manera, la Administración catalana era conminada a no participar en la organización y facilitar los medios para el desarrollo de este referéndum. La Abogacía del Estado pidió, además, que la sentencia del TC fuera publicada y se hiciese constar que «todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el TC resuelve». Sin embargo, la consulta tuvo lugar en la fecha prevista, con la organización de la Generalitat, algo que no ocultó, y la coordinación directa del departamento de Presidencia, que en aquel momento dirigía Francesc Homs. Basta repasar las hemerotecas y visionar las imágenes emitidas por las cadenas de televisión para comprobar que no sólo la Generalitat fue el agente activo de la consulta, sino que practicó un exhibicionismo político temerario, sin importarle las consecuencias. Es más, propició dichas consecuencias, siendo fieles a la estrategia victimista habitual, y alardeó de su desafío al Estado. Por lo tanto, no debe extrañarles a los dirigentes independentistas que la Fiscalía del Tribunal Supremo, que decidió abrir una investigación al ex consejero de Presidencia el pasado 19 de mayo, pida 9 años de inhabilitación para Homs. El fiscal considera que el actual portavoz de PDECat en el Congreso cometió un delito de prevaricación y otro de desobediencia grave, lo que conlleva la imposibilidad de ejercer cargos públicos electivos, ni de gobierno, en el ámbito estatal, autonómico y local. El razonamiento de la Fiscalía deja claro que «no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependía directamente del departamento de Presidencia del que era titular, sino que impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria». Los dirigentes soberanistas pueden despreciar las leyes que tan despectivamente llaman «españolas», pero no desconocer su significado y obligatorio cumplimiento. En este sentido, el fiscal del TS dice en su escrito que Homs «era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional». «Con esta petición es el Estado quien queda inhabilitado». Esta ha sido la reacción –aunque sólo mereció un tuit para gruesa acusación– de la primera autoridad de Cataluña, Carles Puigdemont, lo que da medida del problema de raíz del independentismo: considerar que el «proceso» puede saltar por encima de la legalidad anteponiendo la «voluntad del pueblo catalán» a la soberanía que reside en el conjunto de todos los españoles. Ése es el verdadero problema político que existe en Cataluña, por lo que es necesario restaurar el principio de legalidad. Homs, Mas –al que la Fiscalía de Cataluña también pidió 10 años de inhabilitación– y Puigdemont –que muy precavidamente ha anunciado su retirada– saben que su partido, la antigua Convergència, ha quedado triturado por el independentismo y la corrupción y que ahora sólo les queda rentabilizar un victimismo que no llevará a nada.