Impecable labor de Don Felipe en su papel constitucional

Los intentos de la izquierda radical de abrir el falso debate entre monarquía y república –en este caso, desde la negación de la legitimidad de origen del modelo constitucional– no son nuevos y, como todos los anteriores, apenas calan entre una ciudadanía que, elección tras elección, refrenda mayoritariamente a los partidos que sostienen los principios de nuestro sistema democrático y aprecia positivamente la labor de la Corona y la figura de Sus Majestades. Pero el hecho de que estas muestras de tacticismo político de corto alcance no tengan eco social, no significa que se puedan pasar por alto ni las actitudes de desprecio al Jefe del Estado ni las prédicas deslegitimadoras de la Constitución, mucho menos cuando son impulsadas por miembros del Poder Legislativo que ostentan representación popular. No se trata, por supuesto, de reclamar medidas legales contra quienes blasonan de no reconocer como legítimas las instituciones que garantizan la convivencia democrática de los españoles y el ejercicio de sus libertades, sino de responder desde los hechos al relato falsario que se nos trata de imponer. Si en el cuerpo legal español no existe nada remotamente parecido a lo que fue la draconiana «Ley de Defensa de la República» es, precisamente, porque la actual Monarquía Parlamentaria fue refrendada libremente por el pueblo español, tanto en la elección de las Cortes Constituyentes de 1977 como por el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978. Esa doble legitimación del modelo de Estado que se proponía a los españoles y que suponía, nada menos, que la instauración de la democracia, es lo que pretende negar la ultraizquierda adanista, con argumentos tan sofistas como el del «derecho a decidir» que propugnan los nacionalistas. En este sentido, la actitud de los diputados de Podemos en la sesión solemne de apertura de las Cortes no fue sólo una falta de respeto a la figura del Jefe del Estado, sino un acto de menosprecio a la soberanía nacional. Y lo es, porque el Rey, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, simboliza la unidad del Estado, asume la más alta representación del mismo y ejerce de árbitro y moderador con el resto de los poderes del Estado. De ahí que en su discurso de apertura de las Cortes, Don Felipe recalcara que «en una Monarquía Parlamentaria, la presencia del Rey en el Parlamento es la expresión constitucional del vínculo entre los depositarios de la soberanía nacional y el Jefe del Estado». Para reafirmar, a continuación, el compromiso de la Corona con los ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y desde la neutralidad política y la independencia. Porque las funciones y atribuciones del Rey están perfectamente determinadas en nuestra Carta Magna y Don Felipe, pese a las extraordinarias circunstancias políticas por las que ha atravesado España, se ha mantenido siempre en el marco constitucional, ejerciendo sus funciones como Jefe del Estado dentro de la letra y el espíritu de nuestro ordenamiento jurídico. Tanto Su Majestad como la Reina Doña Letizia, la Princesa de Asturias Doña Leonor y la Infanta Sofía cumplen con rigor exquisito los deberes de su cargo de acuerdo a los preceptos constitucionales, pero, también, a la línea de actuación que decide libremente la Casa del Rey, que, tras la entronización de Don Felipe, se inclina por centrar en el Monarca los actos que le reserva la Carta Magna, a quien acompañará la Reina cuando sean de Estado. Un desempeño impecable.