Imputada por lo que es

El hecho de que se hayan acreditado unos 300 periodistas, muchos de medios internacionales, y de que tres grupúsculos de la izquierda radical hayan convocado con oportunismo sendas manifestaciones en los aledaños del juzgado demuestra que la imputación de la Infanta Cristina no era un inocuo trámite procesal, como argumentó el juez Castro, sino la escenificación de una condena que socialmente ya se dictó hace tiempo. Lo anticipó muy atinadamente el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, cuando advirtió de que la hija del Rey era imputada no por lo que hizo, sino por lo que es. En efecto, no hay base sólida ni indicios suficientes que avalen la imputación de Doña Cristina, como demostraron el abogado del Estado, los peritos de la Agencia Tributaria y el propio fiscal. Incluso el juez instructor ha reconocido que carece de pruebas de delito y que sólo alberga algunas dudas sobre ciertos pagos de la Infanta que podrían ser opacos a efectos fiscales, pero no delictivos. Es decir, que en el juzgado de Palma de Mallorca se han dado cita hoy 40 letrados, 300 periodistas y varias asociaciones republicanas, en medio de un fuerte despliegue de 300 policías, debido a que al juez le inquietan ciertas conjeturas o sospechas sobre la hija del Rey después de haberla investigado durante tres años y haber practicado infinidad de pruebas. Lo natural habría sido que, por segunda vez, los abogados defensores y la fiscalía hubieran recurrido la imputación ante la Audiencia Provincial, pero eso suponía dilatar el proceso y alimentar aún más el clima de condena social que se ha instalado en nuestro país atizado por algunos medios de comunicación, ya no sólo contra la Infanta Cristina, sino también contra el Rey y la Familia Real. La certeza, bien fundamentada, de que, una vez superado el interrogatorio, el juez no tardará en levantar la imputación llevó a la defensa a desechar el recurso. Dicho de otro modo, ha pesado más el deseo de poner cuanto antes punto final al «martirio», en expresión del jefe de la Casa del Rey, que prolongar la batalla para desmontar la teoría conspiratoria del juez, como la calificó el fiscal Horrach. Así se ha llegado a la comparecencia de hoy, sobre la cual pende un riesgo muy alto: el de que la toma de declaración de la Infanta derive en reproches éticos y no sobre los hechos que tanto desazonan anímicamente al magistrado. Entre ellos, destacan dos: si la Infanta sabía que algunos ingresos de Aizoon, procedentes del Instituto Nóos, podrían ser ilícitos y si cargó gastos a esta sociedad familiar que eran personales y no estaban relacionados con su actividad mercantil. La primera pregunta ya fue respondida por la propia Audiencia Provincial: no. Y la segunda, aunque fuera afirmativa, no supondría delito alguno, como el propio Castro admite. Lo que confirma que la hija del Rey ha sido imputada por lo que es, no por lo que hizo.