Insólito pulso con el Gobierno en el TC por interés electoral

El PSOE ha decidido tensar la cuerda definitivamente en el pulso que mantiene con el Gobierno sobre el control parlamentario del Ejecutivo en funciones. Los socialistas, como anunció ayer el presidente de la Cámara Baja, Patxi López, en su insólito papel de facto como portavoz de su grupo, han decidido recurrir al Tribunal Constitucional para que dirima en un conflicto institucional forzado por los partidos derrotados en las últimas elecciones generales. Ayer, Patxi López protagonizó el penúltimo paripé de este enredo cuando citó a un encuentro al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en funciones, José Luis Ayllón, con el ánimo no de acercar posturas, sino con la voluntad de mostrar su intransigencia y forzar el choque de trenes en el Alto Tribunal. Precisamente, el papel de la tercera autoridad del Estado ha desatado no poca controversia, con toda lógica. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ponía el acento en la determinación de Patxi López de alentar una fricción de estas características por primera vez en la historia reciente de nuestra democracia: «En lugar de ser abril un mes conciliador para buscar acuerdos, ha decidido que sea un tiempo para hacer oposición a un Ejecutivo en funciones sin capacidad política». Cabe con justicia preguntarse cómo es posible que el presidente del Congreso se haya dejado por el camino su carácter neutral y su condición institucional con apenas unas semanas en el cargo. Hace un flaco favor al parlamentarismo que el máximo representante del Poder Legislativo abandone su puesto en la tribuna de las Cortes para acomodarse en la trinchera partidista, por lo que haría bien en recapacitar y dejar de crear problemas, ya que, por lo visto hasta ahora, no parece poder solventarlos. Ayer mismo, su comportamiento tendencioso volvió a quedar de manifiesto cuando se comprometió ante el Gobierno a que el control parlamentario «no sobrepasaría» las responsabilidades de un Ejecutivo en funciones, y horas después se citaba a comparecer a la ministra de Fomento, Ana Pastor, para atender hasta nueve solicitudes de PSOE, Podemos, ERC, Democracia y Libertad (DL) y el PNV sobre asuntos tan poco inocentes y vinculados con el día a día de su departamento como la trama Púnica y Gürtel. En cualquier caso, estamos ante una cuestión de legalidad, de sentido común y de precedentes. Y nada de todo esto secunda las posiciones de quien pretende convertir el Hemiciclo en una permanente tertulia televisiva para desgastar al Partido Popular. El PSOE y sus allegados políticos no sólo se comportan de forma torticera, sino que cometen a sabiendas un fraude moral y político. Los ciudadanos esperan de sus representantes menos política alicorta y frívola y más dedicación y compromiso en la búsqueda de solucionar la prioridad principal, que es dotar al país de Gobierno y de estabilidad. El ordenamiento y todos los informes jurídicos realizados refrendan que un Ejecutivo provisional no tiene la confianza de la Cámara y carece de capacidad política, por lo que no está sometido a la supervisión del Parlamento, aunque, obviamente, sí a la legalidad vigente, tal y como ha ocurrido en la historia reciente de la democracia en España. Por tanto, la responsabilidad del conflicto está tan clara como su intención. El Constitucional tiene ahora la palabra y el deber de todos es acatar su fallo, pero sin olvidar que el PSOE generó un conflicto sin precedentes por un interés partidista contrario al bien común.