Los regímenes que no ejercen la democracia parlamentaria suelen culpar a sus enemigos exteriores de sus problemas internos. Cualquier protesta de sus ciudadanos se debe a que son instrumentalizados. Que Irán acuse a Estados Unidos o Israel de las protestas entra dentro de lo previsible, pero no esconde el problema. Manifestarse en un sistema teocrático supone correr muchos riesgos de brutal represión, cárcel, incluso ejecución, por lo que deben existir unas razones objetivas para que miles de iraníes protagonicen una revuelta que se prolongan desde hace una semana y que ya ha causado más de veinte muertos y centenares de heridos. La revolución islamista de 1979, que llevó al poder al ayatolá Jomeini ha acabado creando un poder religioso por encima del civil que ha asfixiado a una población que asiste sin esperanza a las levísimas reformas prometidas y ahora al altísimo coste de la vida y unos desajustes económicos que obligarán a reformas profundas –con lo que se anticipa un enfrentamiento descarnado entre modernizadores e inmovilistas del régimen–, además de los rigores morales de una teocracia. Mientras Irán amplía su zona de influencia con altísimas inversiones a Irak, Líbano, Bahréin y Yemen, con la pretensión de exportar una revolución agotada, es incapaz de dar respuesta a las demandas de su población. Irán entra en una etapa convulsa.