La coartada perfecta del independentismo ante el 3%

Bastaría con acudir al diario de sesiones del Parlament para llevarse la idea de que la corrupción no existe en Cataluña, que se trata de un fenómeno que sólo anida más allá del Ebro y del Cinca, incluso de los Pirineos. Sólo llegaban ecos lejanos del llamado 3% –una «maragallada» más–, pero como si formase parte de uno de los indemostrables mitos patrióticos. Todo el mundo lo sabía, pero nadie se atrevía a denunciarlo. Esa cifra en la que cuantifican las comisiones a percibir por obras públicas realizadas, incluso no realizadas, era una herramienta de las «cloacas del Estado» para frenar los deseos irrenunciables de libertad e independencia de pueblo catalán. Pero hubo una fecha en la que toda esa historia de honradez se vino estrepitosamente abajo –como suele ocurrir en otros lugares del mundo–: fue el 25 de julio de 2014, cuando Jordi Pujol se autoinculpó de defraudar a Hacienda desde 1980. Como siempre, sólo se trataba de la maquinaria del Estado contra el nacionalismo. El camino más corto para comprender que la realidad catalana no está excluida de casos de ilegalidad pública es consultar la última Memoria de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, que reparte responsabilidades entre los dos partidos que han gobernado en Cataluña, como es lógico, la desaparecida Convergència, que se lleva la palma, y el PSC. Ayer, la Guardia Civil puso en marcha una operación contra el fraude en la empresa de gestión del agua en Gerona, lo que comportó el registro en dependencias municipales y varias empresas de servicios. El registro era esperado, como bien sabe el gobierno de la ciudad, y no deberían haberse extrañado, ni realizar algunas declaraciones insostenibles y absurdas. La alcaldesa de la ciudad, del PDeCAT, recurrió a un argumentario que no falla dentro del nacionalismo: la operación sólo era un «show», dijo, aunque se realizase por orden judicial, y no dudó en vincularla con el referéndum de autodeterminación previsto para el 1-O. Es la coartada perfecta. ¿Quiere decir que los casos de supuesta corrupción que afectan a los cargos nacionalistas no deben ser perseguidos e investigados? ¿Quiere decir que los tiempos de la justicia los marcan los partidos independentistas en función de sus intereses? El caso de la empresa que gestiona el agua en Gerona, Agissa, viene de lejos y fue denunciado por la CUP, precisamente, partido aliado con el PDeCAT en su desafío secesionista. La investigación arranca hace veinte años, cuando al frente de la ciudad estaba el socialista Joaquim Nadal, y continuó con el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La Justicia, por lo tanto, ha seguido su camino. No se trata, además, de una sola denuncia, sino de tres. La segunda fue emprendida por el Tribunal de Cuentas, tras un informe de la Sindicadura de Cuentas catalana; y la última fue iniciada por el juzgado del Vendrell, que investiga el caso 3% y la financiación de la desaparecida Convergència. La investigación apunta a que se ha producido a lo largo de los años un fraude continuado de estas empresas de gestión del agua. En una sociedad normalizada, y la catalana debería serlo plenamente, tendría que empezar por reconocer que no es perfecta y que hay graves fallas en la gestión de los asuntos públicos, incluso por parte de aquellos llamados a liderar una futura república catalana limpia y perfecta.