La doble moral migratoria de Sánchez

Que el actual Gobierno socialista, que lleva ya cuatro meses en funciones, carece de una política migratoria digna de ese nombre se puso ayer de manifiesto, una vez más, en el transcurso de la rueda de Prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Ministros. Preguntada por las expulsiones en caliente de algunos de los inmigrantes implicados en el asalto masivo a la valla de Ceuta, la ministra portavoz, Isabel Celaá, no sólo demostró falta de información, puesto que ignoraba que la Delegación del Gobierno había facilitado la cifra de 8 irregulares devueltos a Marruecos, mientras que otros 155 habían conseguido llegar a la ciudad autónoma, sino que vino a insinuar que deseaba «que no hubiera sido así», trasmitiendo una posición del Ejecutivo de laxitud, que se contradice con su obligación de ejercer la protección de nuestras fronteras y el cumplimiento de las leyes migratorias, entre las que se encuentra, desde la última reforma legal, la figura del «rechazo en frontera», conocida como «devolución en caliente». Son este tipo de mensajes pretendidamente humanitaristas, claramente destinados a la galería, los que causan más confusión y desconfianza entre unos ciudadanos que comprenden la desesperación que embarga a quienes buscan en Europa mejores condiciones de vida, cuando no, simplemente, huyen de las tiranías, pero que no acaban de entender que no se actúe en consecuencia ante un asalto general a la frontera, con empleo de la violencia y haciendo caso omiso de nuestras leyes. Son los mismos ciudadanos, como se advirtió el pasado jueves en la comparecencia parlamentaria de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, que adivinan una doble moral en la actuación de un Ejecutivo que, de manera vergonzante, refuerza los acuerdos de control fronterizo con el reino de Marruecos, desempolvan viejos tratados de devolución de irregulares y financia la construcción de nuevas vallas en territorio marroquí, pero que, cuando se encuentra ante un caso mediático, como el más reciente del Open Arms, se apunta al «buenismo», en la peor acepción del término, tan caro a la izquierda. Porque, de hecho, los Gobiernos de Pedro Sánchez, tras la pifia del «Aquarius», que provocó uno de los efectos llamada más sonoros de los últimos años, han conseguido reducir, entre enero y agosto de este año, las entradas de inmigrantes irregulares en un 39 por ciento con respecto al mismo período del año anterior. Es decir, se ha pasado de las 33.000 llegadas de 2018, a las 18.000 de 2019. Esta política de mayor firmeza y colaboración con Rabat, también ha tenido su reflejo en los intentos de asalto a las vallas de Ceuta y Melilla. El de ayer fue el primer asalto violento registrado desde agosto de 2018, y se resolvió con la expulsión inmediata y sin más trámites legales de los 116 subsaharianos que habían conseguido llegar, por orden directa del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Cabe preguntarse, y ese es el fondo del problema, cuál va a ser ahora la postura gubernamental con respecto a los 155 inmigrantes que han conseguido saltar la valla, tras herir a 12 de los escasos guardias civiles que protegían la frontera y que carecían de medios disuasorios adecuados a la misión. Porque lo sucedido, no hay más que ver las imágenes, reúne idénticas características a la anterior. Mucho nos tememos que, dadas las circunstancias políticas, con un presidente en funciones que necesita el apoyo de la izquierda radical para superar la investidura y que fue vapuleado en el Congreso por sus presuntos socios a cuenta del Open Arms, que el ministro del Interior se ponga la careta más humanitaria y no proceda a la correspondiente expulsión de quienes no ha dudado en transgredir el ordenamiento jurídico español. Pero así se gestiona en España la emigración.