La Guardia Civil con los catalanes

El largo proceso de asalto a la legalidad democrática emprendida por el nacionalismo catalán nos ha ido dando pistas de cada uno los pasos para mantener la tensión. Los movimientos de la Generalitat son previsibles por más enloquecidos que sean, máxime cuando al frente está un activista al servicio de un fugado de la justicia que ha degradado el muy honorable cargo que ocupa hasta niveles que costará recuperar su prestigio y respeto. El independentismo tiene un problema que le impedirá salir del callejón en el que se ha metido si no lo resuelve: el golpe del otoño de 2017 fue un fracaso que ha dejado un destrozo que costará reparar. Creyó que podía derrotar a la legalidad democrática –según intoxicaron los medios de comunicación públicos y afines, publicistas a sueldo y asociaciones subvencionadas-– y el Estado de Derecho se impuso. No había otro camino. Desde entonces, el «procés» da tumbos sin más estrategia que el enfrentamiento y la provocación, sin más líderes que unos iluminados irresponsables que han llegado hasta a defender a unos activistas de los CDR acusados de organizar presuntas actividades terroristas. En este contexto se inscribe el último desvarío del Parlament, que aprobó una resolución de expulsión de la Guardia Civil de Cataluña. Al margen de que la Cámara se atribuye funciones que no le corresponden, el argumento que utilizaron recurre, como siempre, a la mentira y al insulto que se deriva de ella, porque decir que es un cuerpo que «se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales» es una falacia que se desautoriza ella misma. Efectivamente, la detención de siete miembros de una organización independentista que estaban preparando explosivos no es actuar con «carácter político», sino en mandamiento de una investigación judicial ordenada por un magistrado de la Audiencia Nacional. La división de poderes que la futura constitución catalana (Leyes de Desconexión) no contemplaba. Esta resolución no llegará a ninguna parte –el Gobierno ya ha anunciado que impugnará los acuerdos adoptados por el Parlament que llamen a la desobediencia–, pero cumplirá la función que se le ha asignado: señalar a la Guardia Civil e iniciar la habitual campaña de acoso que tan malos recuerdos nos traen. Desde los hechos de octubre de 2017, la Benemérita está sufriendo un acoso sin precedentes, precisamente porque desempeñó un papel ejemplar en la contención de un referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional, una provocación irresponsable con la que los dirigentes de la Generalitat –ahora a la espera de sentencia por el Tribunal Supremos tras aquellos sucesos–llamaron a la población a saltarse la ley como si en una democracia eso no tuviera consecuencias. La Guardia Civil actuó con profesionalidad, proporcionalidad y ateniéndose a un mandato judicial, mientras los Mossos d’Esquadra, bajo una dirección política implicada de lleno en el golpe, se desentendían de sus funciones. Vuelve a ponerse en marcha el mensaje del odio que tan sutilmente imparte el nacionalismo, para provocar el rechazo, aislamiento y, en consecuencia, imponer la doctrina de quién puede y quién no vivir en Cataluña. Actualmente, la comunidad cuenta con 3.540 efectivos repartidos por toda la geografía catalana, la mayoría de ellos con sus familias, donde se han enraizado y construido una vida, pero tras esta campaña hay dos terceras partes de agentes que quieren dejar Cataluña. Los partidos independentistas impulsores de su expulsión –JxCAT y ERC, con la generosa abstención de los de Ada Colau– tienen la quimérica ilusión de que el cuerpo dejará las funciones de policía fiscal, de vigilancia en puertos y aeropuertos, en frontera y en las de policía judicial que se les asigne, instalándose otra vez en la mentira y la provocación. De lo que estamos seguros es que la Guardia Civil siempre estará al lado de la Constitución y la legalidad.