La hora de la política de Estado

La reunión que mantendrán hoy Mariano Rajoy y Pedro Sánchez tiene lugar en un contexto muy parecido a la celebrada cuando el líder socialista llegó a la secretaría general en julio de 2014. En aquella ocasión, la Generalitat preparaba el referéndum del 9-N, que luego fue suspendido por el TC. Ahora, la situación es parecida, aunque el desafío se ha agravado con la consulta prevista para el próximo 1 de octubre y la deriva irracional que ha tomado el «proceso». Es lógico, por lo tanto, que en el encuentro de hoy ocupe un lugar especial la crisis abierta por el independentismo en Cataluña. «Coincidimos en que la consulta no se puede celebrar porque es ilegal», dijo Sánchez el 28 de julio de 2014. El líder socialista ya ha reiterado que su posición no ha cambiado en nada desde entonces y ha brindado su apoyo a Rajoy. No podía ser de otra manera ante el ataque frontal de la Generalitat a la legalidad democrática española. Es lo que corresponde en estos momentos, aunque cualquier sugerencia de Sánchez sobre que Rajoy debe dar «un paso hacia una salida política» debería concretarse. Hace tres años, cuando Sánchez alcanzó la secretaría general, los independentistas, con Artur Mas a la cabeza, habían cerrado cualquier posibilidad de diálogo si no era sólo para tratar sobre un referéndum de secesión que la Constitución prohibe expresamente. Bien lo sabe el PSC y su líder Miquel Iceta cuando denunció, en septiembre de 2015, que el «proceso» era una «amenaza de una naturaleza y gravedad sin precedentes». El soberanismo ha dejado un campo minado de términos ambiguos –«derecho a decidir», «poner urnas», «proceso constituyente» o, de más reciente creación, «ley suprema»para referirse a una norma que está por encima del Estatuto y la Constitución–, términos, decimos, de los que conviene expurgar todo lo que tienen de pura falacia para evitar el encanto que produce en muchos sectores de la izquierda populista. De ahí que hay que ser muy precavidos al añadir otro más al lenguaje político, el de «plurinacional». La posición del PSOE en materia de política territorial quedó claramente fijada en la Declaración de Granada de julio de 2013, precisamente para responder al desafío independentista. El documento, apoyado por los barones socialistas bajo la batuta de Pérez Rubalcaba, proponía reformar la Constitución en sentido federal, o, como se dijo entonces, «reformar el Estado autonómico para salvarlo». En ningún momento se hablaba sobre el sujeto de la soberanía nacional, ni de definir a España con la confusa fórmula de «Estado plurinacional», o de otros aspectos que supusieran un reconocimiento nacional específico que alterase el artículo 2 de la Constitución. Entendemos que cuando Sánchez habla de dar «soluciones políticas» a la crisis de Cataluña se trata de reformar la Carta Magna en «clave federalista», como ya ha anunciado. El primer problema es de orden ideológico: el nacionalismo no es federalista, nunca lo ha sido y parte del principio de la diferencia, por lo que dudamos que satisfaga sus aspiraciones. Si la reforma socialista quiere que la financiación autonómica –al fin y al cabo, la parte fundamental del conflicto– quede fijada en la Constitución, como ocurrre en Alemania o EE UU, debe aclarar si se está refiriendo a un federalismo «asimétrico» o igualitaria. Hasta donde sabemos, el PSOE no era favorable de incluir entre los principios que recogería la Carta Magna el de «ordinalidad» (el que evita que las comunidades más ricas pierdan muchos puestos en el orden de renta tras aportar a la solidaridad). De ahí que sea necesario que las «soluciones políticas» sean claras.