La justicia debe actuar contra Puigdemont

En un Estado de derecho como es el nuestro, el poder judicial tiene a su cargo el restablecimiento de la Ley cuando ésta es conculcada. No significa, por supuesto, que el Gobierno pueda inhibirse en la defensa del orden constitucional, pero sí que está obligado a respetar la labor de jueces y magistrados, cuyos tiempos no están condicionados por factores externos al procedimiento jurisdiccional. Es decir, que las decisiones que deba tomar el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el caso de una declaración de independencia por parte de la Generalitat, no suspenden ni deben interferir en las actuaciones judiciales que ya están en marcha y que, entre otros, afectan al presidente catalán, Carles Puigdemont; a todos los miembros de su Gabinete y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Todos ellos están procesados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por lo delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos; a los que, según como actúen en los próximos días, podrían sumarse los de sedición y rebelión. El horizonte jurídico de Puigdemont, y de sus compañeros de viaje, es, pues, muy complicado, como ayer quiso señalar el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado. Los ciudadanos deben saber que el procedimiento penal, una vez incoado, es autónomo de las conveniencias políticas y que no hay más que confiar en la Justicia.