La paz en Colombia no tiene vuelta atrás, pero con otras condiciones

A pesar de la derrota por escaso margen del «sí» a favor del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno que preside Juan Manuel Santos y el grupo narcoterrorista de las FARC, la guerra no volverá. No hay vuelta atrás. Así se comprometieron las dos partes en las negociaciones mantenidas durante cuatro años en La Habana y que concluyeron, el pasado 25 de agosto, con el anuncio solemne de que se ponía fin a más de medio siglo de conflicto armado en Colombia. Aquella ceremonia resulta ahora precipitada si faltaba la ratificación de lo pactado por el conjunto de la ciudadanía. Todo el mundo quiere la paz, o por lo menos nadie ha defendido la necesidad de continuar una guerra que ha costado 260.000 víctimas, dolor, penuria y más pobreza. El resultado del referéndum, con un 50,2% en contra frente al 49,7%, ha dejado claro que la paz es un largo camino que debe defenderse día a día. En eso están de acuerdo Santos y el ex presidente Álvaro Uribe, contrario a las condiciones en las que se ha firmado el acuerdo y el mayor activista de esta última opción. La abstención de más del 60% ha sobrepasado todos los pronósticos –más allá de problemas técnicos provocados por la climatología– y ha impedido que el «sí» saliese adelante. La pregunta sobre si se quería construir «una paz estable y duradera» invitaba a la indecisión o directamente a votar «no», pues está claro que las condiciones para el cese definitivo de las armas no satisfacían a muchos colombianos, contrarios a continuar la guerra. Uno de los factores que más han influido ha sido que muy pocos se fían de las FARC, una organización militar con intereses inconfesables. Hay demasiados capítulos oscuros en la más vieja guerrilla de Latinoamérica, desde su vínculo con el narcotráfico a la violencia indiscriminada de la que ahora no quiere dar cuenta, aspectos que habían calado en la población y que muy probablemente los sondeos no detectaron. Sus gestos para demostrar que estaban a favor de la modernización y la acción política pacífica días antes del referéndum han llegado demasiado tarde, como pedir perdón por el dolor causado, aceptar realizar un registro de su patrimonio –no conseguido legalmente– o la destrucción de 600 kilogramos de explosivos, a todas luces insuficiente aunque fuese supervisada por la ONU, cuando lo exigible era respetar el acuerdo de que el desarme de la guerrilla se produciría en seis meses. Cuatro años de negociaciones, más unos meses de campaña, han resultado ser poco tiempo para cerrar una herida que parece más profunda. Sobre todo dos puntos han impedido la digestión del proceso: la participación en la política institucional de los líderes de la narcoguerrilla, como si durante este tiempo no hubiese corrido la sangre y la extorsión, y su impunidad ante la Justicia, aunque se haya participado en acciones execrables. Se abren ahora muchas incógnitas. Tal vez la más importante y la que puede provocar una fractura social grave es la propuesta de renegociación integral de los acuerdos, como ha planteado Uribe. Por su parte, el presidente Santos aboga por un pacto nacional para que el acuerdo de paz no fracase. Las dos «líneas rojas», la impunidad jurídica y la participación en política de la guerrilla, están ahora en el centro del debate. El proceso de paz puesto en marcha por el presidente de Colombia no tiene vuelta atrás. Es la hora de que las FARC admitan la generosidad con la que han sido tratadas, asuman su responsabilidad en el dolor causado y den pasos efectivos para su disolución definitiva.