La reforma de la estiba no puede esperar más

El quebranto económico, social y en imagen para España por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el sector de la estiba es flagrante. Demasiados intereses particulares entrelazados se han impuesto a los generales. El pasado 16 de marzo el Gobierno intentó sacar adelante la nueva regulación de un gremio que tiene en sus manos un sector estratégico tan importante como el transporte marítimo, pero la actitud irresponsable de la oposición lo imposibilitó. Apremiado por ese contador gravoso que supone el pago diario de casi 28.000 euros de sanción, que pueden elevarse a 134.000 si persistimos en saltarnos las normas comunitarias, el Consejo de Ministros aprobó ayer un nuevo decreto que liberalizará la estiba y cumplirá de una vez con la UE. Tras cien días de tiras y aflojas entre todos los agentes implicados, el proyecto y su posterior desarrollo reglamentario –que en síntesis abrirá a la libre competencia un sector marcado por los privilegios corporativos y familiares de sus 6.156 trabajadores, y que recogerá la propuesta de la mediación del conflicto, es decir, lo pactado en la mesa de diálogo por los sindicatos, la patronal y los Ministerios de Fomento y Empleo– pondrá a prueba el sentido de Estado y la responsabilidad de los grupos que deben respaldarlos en el Congreso. En este sentido, y más allá de que los estibadores hayan anunciado huelgas para defender sus injustificables regalías, se espera una respuesta coherente y sensata de una mayoría de diputados. Lo contrario nos abocaría a un panorama insostenible.