Las pensiones, carne de propaganda desarma al separatismo

La situación de quiebra técnica de la Seguridad Social, con un agujero de 50.000 millones de euros, y el especial impacto que produce cualquier noticia o disquisición sobre el futuro del sistema de pensiones entre aquellas personas que dependen de la pensión para subsistir o están a punto de alcanzar la edad de jubilación aconsejaría un tratamiento políticamente exquisito de un problema de tanta trascendencia social y, por supuesto, evitar la fácil tentación de convertirlo en carne de propaganda electoral. Sin embargo, ayer, el candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, utilizó las pensiones como eje de su programa electoral, prometiendo no sólo su indexación al IPC, sino mayores incrementos para las más bajas y para las no contributivas, pero sin explicar de dónde va a proceder la financiación extra y, sobre todo, si a los efectos de la necesarias reformas continúa vigente el Pacto de Toledo. Por supuesto, nos alegra que el PSOE haya pasado de acusar a la oposición del centro derecha de albergar malvadas intenciones contra los pensionistas a lanzar promesas desde el voluntarismo –aunque sólo sea por lo que supone de reconocimiento a la labor de los anteriores gobierno del PP, que mantuvieron el poder adquisitivo de los jubilados en los peores momentos de la crisis–, pero nos preocupa que esas propuestas electorales acaben en la frustración de los destinatarios, que es lo más probable, o en la mera desestabilización del sistema vigente, víctima, a la postre, de una carrera de ofertas a las que muy pocos políticos en campaña pueden resistirse. Precisamente porque nos hallamos en plena contienda electoral, con unos resultados que escapan a cualquier previsión, por más que desde el PSOE se insista en la seguridad del triunfo de su candidato, parece ocioso pedir a nuestra clase política que dejen de tratar a los ciudadanos como menores de edad, incapaces de comprender los desafíos a los que se enfrentan como sociedad; desafíos de los que son muy conscientes, puesto que los viven en su día a día. Sería, incluso, más exigible a alguien como el presidente del Gobierno en funciones, que ha ejercido la máxima responsabilidad ejecutiva y aspira a renovarla. Porque, con su estrategia de barra libre, no sólo desprecia el sentido común de la mayoría de los votantes, sino que ningunea sin el menor reparo a los especialistas del Banco de España, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y a los propios miembros del Pacto de Toledo, cuyos planteamientos sobre el futuro de nuestro sistema de Seguridad Social están, en muchos aspectos, en las antípodas del voluntarismo político del candidato socialista. Y no se trata de extender el miedo entre quienes son más sensibles, como señalábamos al principio, a cualquier demagogia, no importa del lado que proceda, puesto que, también, operan los catastrofistas, sino de plantear aquellas reformas del sistema que son imprescindibles para su sostenibilidad. Porque a la Seguridad Social, tal y como hoy está concebida, se le cargan por parte del Estado una serie de prestaciones que son ajenas al sistema de cotizaciones. De hecho, el 70 por ciento de su deuda tiene su causa en estos gastos –las jubilaciones de los trabajadores propios de la Seguridad Social; las pensiones de maternidad, paternidad y viudedad, y los complementos a mínimos–, que hay que afrontar, desde luego, pero que deberían computarse directamente a los Presupuestos Generales del Estado. El futuro de las pensiones, que, en realidad, es el presente de casi nueve millones de españoles, merece de nuestros representantes algo más que una de esas subastas de ofertas tan propias, desafortunadamente, de las campañas electorales. Pero, mientras, el mentado Pacto de Toledo sestea en su inanidad.