Lealtad constitucional

La Constitución de 1978 es uno de los mayores aciertos colectivos de nuestra historia. Sólo desde una profunda ignorancia o desde una malintencionada deslealtad se puede cuestionar sus frutos. No hablamos de un documento perfecto, pero sí de uno que vertebró el marco y el tiempo de mayor prosperidad y estabilidad y que simbolizó, y aún lo hace, la España de los derechos y las libertades. Obviamente, no ha sido inmune al paso del tiempo ni a los avatares políticos, sociales e incluso económicos, que han puesto de manifiesto aspectos que es posible y deseable mejorar. Sin embargo, cualquier intervención en la Constitución, y más una de cierto calado como la que se plantea, debe partir de las premisas imprescindibles propias de un gran consenso político, salvaguardar la igualdad de los españoles y blindar la unidad de la nación dentro, claro, de su diversidad autonómica. Éstas son las condiciones que el presidente del Gobierno definió siempre como insoslayables. Mariano Rajoy nunca se negó a abordar este debate con seriedad, pero sí con el atropello y la inconsistencia exhibidos por el PSOE. El objetivo principal de un proyecto de tan hondo calado sólo puede ser el enriquecimiento de la Constitución y el fortalecimiento de su naturaleza para afianzar el proyecto colectivo, pero nunca servir a intereses particulares, coyunturales o ser parte de un mercadeo en las aspiraciones separatistas. En este punto, que los dos principales partidos se definan y hablen claro es indispensable para que se pueda encarar la reforma la próxima legislatura. El PP ha detallado, por ejemplo, que las grandes líneas maestras se centrarían en «clarificar» el Estado de las Autonomías, que no recentralizarlo, una reforma del Senado y un nuevo sistema de financiación territorial. Se parte de un informe del Consejo de Estado de 2006, y ha encargado estudios a expertos en la materia y a la Abogacía del Estado. Y es aquí donde la voluntad socialista es poco creíble. La indefinición del PSOE, su calculada abstracción, sus dispares discursos, especialmente en Cataluña, su propensión al federalismo asimétrico o al pacto fiscal, que no es otra cosa que institucionalizar la desigualdad entre los españoles, apuntan más a una maniobra instrumental dentro de una estrategia partidista que no a la actitud de Estado que debe demostrar un partido de gobierno. Pedro Sánchez se ha rodeado de un grupo de especialistas que deben dar forma, sentido y contenido a una propuesta creíble, pero de momento sólo hay un plan oculto y una retórica calculada. La Constitución debe ser defendida de aquellos que, desde posiciones de extrema izquierda o separatistas, pretenden socavarla. Su reforma no puede ser una brecha en el muro para los enemigos de la convivencia y eso depende de que los dos grandes partidos tengan claras las reglas del juego y sean leales al interés general.