Lealtad en la negociación presupuestaria

Tras la aprobación del techo de gasto presupuestario y su remisión a Bruselas –trámite sujeto a la urgencia del calendario–, el Gobierno de Mariano Rajoy puede dedicarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado sin apresuramiento y con margen para culminar el imprescindible acuerdo parlamentario. Tal y como publica LA RAZÓN, hay plazo hasta mediados de febrero para que el ministro de Hacienda presente los PGE a la Cámara, que, en cualquier caso, entrarían en vigor con efectos retroactivos a 1 de enero. Es decir, hay tiempo para negociar, pero siempre que el resto de las fuerzas políticas estén dispuestas a llegar a un acuerdo. De lo contrario, España regresaría al escenario del bloqueo político y al inevitable adelanto de las elecciones generales. No es ésa la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos, cuyo mandato exige a los partidos diálogo y pactos que sirvan a los intereses generales del Estado. Es lógico que la oposición trate de hacer valer sus planteamientos en la negociación con el Gobierno y de introducir las enmiendas que considera oportunas, pero no parece lícito que se utilicen los PGE como meros rehenes de la política partidista, con los consiguientes perjuicios para los ciudadanos.