La Generalitat redobla su desafío al Estado de Derecho

La Generalitat de Cataluña ha cumplido con la CUP al contabilizar en los Presupuestos una partida para celebrar el referéndum de independencia, tal y como la formación anticapitalista había puesto como condición para seguir sosteniendo a Puigdemont y a los vestigios de Convergència. Los independentistas no esconden sus intenciones, aunque se han protegido con alguna treta legal para que no sea recurrida, y han destinado 5,8 millones de euros a la consulta prevista para septiembre de 2017. Se podría decir que se trata de una «partida-farsa» destinada a evitar el control preventivo de la Administración del Estado y regulada por una disposición adicional por la que el Gobierno de la Generalitat se compromete a dotar de fondos y organizar «un proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña», según el propio texto presentado ayer por Oriol Junqueras como el cumplimiento «con el mandato democrático de las urnas». Además, se ha incrementado en un 65% el fondo de contingencia, reserva de la que dispone el Gobierno para «imprevistos». Los nacionalistas parten de que estas partidas son difícilmente recurribles al usar conceptos tan genéricos como «procesos electorales» y «participativos», además de que son las fórmulas que se han empleado en otros Presupuestos. A diferencia de la consulta del 9-N, que fue presupuestada al departamento de Gobernación, la actual dependerá directamente de Junqueras. La Mesa del Parlament ha admitido a trámite las cuentas, desoyendo la advertencia de los letrados de Cámara, que consideran que a inclusión de partidas vinculadas al desarrollo del «proceso» puede ser ilegal. Queda claro que la Generalitat busca la confrontación directa con el Estado y renuncia a cualquier vía de diálogo seria, como la que ha ofrecido la vicepresidenta del Gobierno Sáenz de Santamaría. Como prueba de que los independentistas quieren forzar la máquina –que es el combustible para seguir manteniendo vivo el «proceso»–, han presentado los Presupuestos dos días antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que cabe pensar que el representante de la Generalitat tampoco asistirá, de la misma manera que Puigdemont no acudirá a la conferencia de presidentes autonómicos que Rajoy ha convocado para principios de 2017. No otro objetivo que el de dinamitar los puentes. Estamos ante unos Presupuestos al servicio del «proceso» y que cumplen al detalle el desafío anunciado en la hoja de ruta soberanista, como queda claro con el incremento de la partida de Asuntos Exteriores y Transparencia, que pasa de 34 millones de euros en 2015 a 64, lo que hace suponer que se va a multiplicar la acción internacional, además de que dicho departamento se ocuparía de la «organización, gestión y seguimiento de procesos electorales». La provocación es evidente y ante ella sólo cabe la aplicación de la Ley, pero antes hay medidas parlamentarias que deben tomarse para impedir que dichas cuentas salgan adelante en febrero, la fecha prevista. Una vez admitidas a trámite –con el apoyo, además, de la franquicia catalana de Podemos–, queda la presentación de enmiendas a la totalidad, cuyo debate se celebraría el próximo 20 de diciembre, aunque las fuerzas constitucionalistas no tienen la mayoría. Estamos de nuevo ante una burla inadmisible, que rompe las reglas básicas del Estado de Derecho y ante el que deberán dar cuenta los responsables de la Generalitat, que vuelven a demostrar su desprecio a a Ley.