Los líderes catalanes no pueden estar al margen de la ley

La Constitución ampara a todos los españoles. También obliga a todos. No estaría de más que el ex consejero de Presidencia de la Generalitat y portavoz del Partido Demócrata Catalán en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, se releyera el apartado que versa sobre Derechos y Libertades: «Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Ante semejante enunciado no caben dudas. Su tesis de que el proceso judicial abierto tras el 9-N es «político y no jurídico» no se sostiene. De hecho, su presencia ante los tribunales es otro capítulo más de todos los que, en aquellos días, tuvieron alguna responsabilidad en dar alas al secesionismo en Cataluña. No es casual, por otra parte, que Homs insista en repetir lo contrario de lo que dijeron los tribunales en otro momento. Hace bien poco. Cuando los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instruyeron el mismo caso contra el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau. Los magistrados aseguraron en el escrito, que rechaza los recursos de la defensa, que en el «caso 9-N» «no se trata de enjuiciar actos políticos ni tampoco convierte la causa en una causa política la presunta participación en el delito de personas que tienen o han tenido elevadas responsabilidades gubernamentales». Ayer, tras el circo mediático montado por Homs ante el Tribunal Supremo –a donde acudió por su condición de aforado, al ser diputado en Cortes–, repitió, como un mantra nacionalista, que la sentencia –la suya–, «ya está dada» por los «prejuicios» existentes contra el independentismo. Así se expresó en una rueda de prensa en la Delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid, una vez concluyó su declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo, al que respondió por espacio de dos horas como presunto responsable de los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, relacionados con la convocatoria de la consulta soberanista del 9-N de 2014. A la misma hora, pero desde Valencia, donde estaba de visita institucional, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat catalana, repitió, de nuevo, lo del «juicio político», aunque, en su caso, subió el tono y entró en la amenaza más o menos velada. Puigdemont afirmó que si hay condena judicial por el 9-N, «todos», entre los que se incluyó, se sentirán «condenados» y las consecuencias irán «mucho más allá de la queja». Puigdemont debe explicar ese escenario futuro en el que todos nos veremos si, como cabe pensar, el Tribunal Supremo falla en el mismo sentido que el TSJ de Cataluña. El presidente catalán debe explicar a dónde conduce esa voluntad de confrontación de un poder autonómico que, precisamente, recibe su autoridad del Estado. La Ley obliga a todos por igual –a los actuales líderes catalanes también–, como ayer se vio con su presencia ante las instancias judiciales. Esos mismos tribunales que algunos se empeñan en desprestigiar por su ejercicio constante de imparcialidad y por no plegarse a su presión, a su «marcha sobre el TS» como ayer asistimos en Madrid. Esos líderes catalanes buscan la confrontación directa con las instituciones del Estado. Ellos son los que decidieron saltarse las leyes. Romper con la igualdad de todos los ciudadanos.