Los presos no son moneda de cambio dispersión no es

Los propios portavoces del Gobierno autónomo vasco que dieron ayer cuenta de los resultados del encuentro mantenido entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el lendakari, Íñigo Urkullu, coincidieron en las «cautelas» con las que se recibieron en Moncloa las, por otra parte, habituales reclamaciones de acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco. Hizo bien el presidente Sánchez, si es que los testigos de la reunión le interpretaron correctamente, en expresar esas cautelas. Pero no sólo, creemos nosotros, por el temor de agraviar a las víctimas del terrorismos de ETA que, juiciosamente, considerarían el gesto como un premio a la disolución de la banda, sino porque la materia de la que se trata, la lucha contra el terrorismo, es de índole estatal y ninguno de sus diferentes aspectos, como es el caso de la política penitenciaria, pueden ser objeto de negociación bilateral entre los representantes de un Gobierno autonómico y el Gobierno de la nación. Comprendemos, por supuesto, el interés que despierta en el PNV la suerte de los asesinos de ETA, hijos al fin y al cabo del pueblo vasco y en cuyo nombre sembraron el terror por toda España, pero ni siquiera el lendakari Urkullu puede pretender que una decisión de Estado tan trascendental, con múltiples implicaciones en la seguridad de todos los ciudadanos, residan en el País Vasco o no, se resuelva en unas negociaciones restringidas a una única autonomía. Es más, el PSOE, del que Pedro Sánchez es su secretario general, es uno de los partidos firmantes del Pacto Antiterrorista, que no prevé actuaciones unilaterales sin consenso en una cuestión capital, que tanta sangre y esfuerzos ha demandado a la sociedad española. Asimismo, el PNV debería ser conocedor de que el régimen general penitenciario no forma parte de política autonómica alguna, sino que se desenvuelve por los derroteros de conveniencia del interés general y, en lo posible, de los procesos de reinserción que informan nuestra política penal. Y esto es así, incluso si el País Vasco tuviera transferidas las competencias penitenciarias, como en Cataluña, donde los políticos separatistas están encarcelados preventivamente allí donde han decidido los jueces. Por último, y no menos importante, abordar cualquier beneficio penitenciario de manera general, cuando todavía hay más de 300 asesinatos de ETA sin esclarecer, es una decisión con el trasfondo suficiente para que no sea adoptada por un Gobierno, como el de Sánchez, con una debilidad parlamentaria muy acusada, si no es mediante un amplio consenso con el resto de los partidos de la oposición, al menos, los firmantes del Pacto Antiterrorista. Lo mismo reza para otra de las ya clásicas demandas del PNV como es la transferencia de la gestión de la Seguridad Social. Con independencia de que, en la situación actual, el País Vasco es una región receptora de prestaciones, con un déficit en pensiones calculado en unos 2.000 millones de euros, esa transferencia ha sido expresamente declarada anticonstitucional por dos sentencias expresas del Tribunal Constitucional –la resolución 124, de 1989, y la 195, de 1996– y por otras decisiones judiciales que se expresan en los mismo términos de imposibilidad de romper la caja única de la Seguridad Social. Nadie está en contra de abordar, desde la racionalidad y la leal colaboración, las demandas de los nacionalistas del PNV pero sólo aquellas que atañen a la comunidad vasca y no implican decisiones que corresponden al conjunto de la población española, representada por el Gobierno de la Nación.