Mejor urnas que gobernar en precario

La portavoz del gobierno autónomo de Cataluña, Elsa Artadi, describió ayer sin rodeos ni adornos dialécticos la precariedad política en la que se mantiene el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez. Explicó Artadi que, a diferencia de lo que ocurría con el Gobierno de Mariano Rajoy, los votos de los partidos separatistas catalanes en el Congreso sí son decisivos para la estabilidad gubernamental, y que su apoyo va a depender de la progresión de las negociaciones «bilaterales» para resolver el problema catalán. Cómo es sabido, la agenda nacionalista plantea a Sánchez dos cuestiones –la puesta en libertad de los presos independentistas y el derecho a la autodeterminación– que, a la larga, llevan a un callejón sin salida. Y aunque no es posible descartar ningún escenario, incluso el de una Generalitat que retorne a la racionalidad, los últimos movimientos del expresidente Carles Puigdemont, que han acabado con cualquier atisbo de moderación de la vieja Convergencia, no auguran lo mejor. Nos encontramos, pues, ante una probable crisis parlamentaria a medio plazo, con un Gobierno abocado a prorrogar los Presupuestos, una vez que la nueva dirección del Partido Popular ha decidido rechazar la propuesta de techo de gasto en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, y con un aliado como Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, no ha renunciado ni mucho menos a convertirse en el principal referente de la izquierda. El Gobierno, por lo menos, es muy consciente de su situación, ejemplificada en el esperpento de la renovación del Consejo de RTVE, y su portavoz, Isabel Celaá, reconocía ayer que la precariedad puede llevar a un adelanto electoral al advertir de que «sería absurdo resistir más allá de lo razonable». Si bien desde LA RAZÓN hemos sido partidarios de que las legislaturas agoten los tiempos marcados siempre que sea posible –caso del último Gobierno de Mariano Rajoy, que, aunque en minoría, había conseguido aprobar los PGE–, el criterio debe cambiar ante la amenaza, nada despreciable, de que España se deslice en un plano de inestabilidad, con un Gobierno forzado a improvisar ingenierías políticas y presupuestarias, de dudosa legalidad y nula eficacia, para contentar a unos socios que tienen proyectos poco compatibles con lo que cabe esperar de un partido que se reclama socialdemócrata y constitucionalista. Más aun, cuando desde las distintas instituciones financieras internacionales se viene alertando de un próximo período de turbulencias económicas, que, según el último análisis de situación del FMI, pueden provocar un brusco parón del crecimiento. Si ya es un error por sí mismo abandonar la senda de la reducción del déficit y llevar a cabo el previsto incremento de la presión fiscal sobre empresas y trabajadores medios, la situación puede agravarse en un panorama que aúne la debilidad política interna con una depresión externa. A menos que el presidente Sánchez explore nuevas alianzas en el arco parlamentario, incluso, abriendo negociaciones de fondo con el Partido Popular, que es el mayoritario en ambas Cámaras, parece que lo más razonable es no prolongar en demasía la situación de precariedad y asumir que un adelanto electoral puede ser la mejor salida. Aunque en fuentes gubernamentales se afirma la intención de Pedro Sánchez de mantener la legislatura hasta el primer semestre de 2019, la señal para una convocatoria a las urnas debería ser la incapacidad de aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Al menos, así se acostumbra en las democracias occidentales. Lo demás sólo sirve para prolongar un estado de cosas que en nada beneficia a los intereses generales y que puede lastrar la recuperación económica. Por eso, nadie había intentado gobernar con tan exigua representación parlamentaria.