Política contra delito

El problema moral que comporta la corrupción es creer que las soluciones para acabar con ella deben ser expeditivas y ejecutadas sin contemplación, incluso sin mediar los tribunales de Justicia: basta con pasear la implicada ante las cámaras, algo que nos retrotrae al dicho popular de «cortar por lo sano», aunque se sacrifique una parte no infectada. Inevitablemente, cuando se habla de corrupción se mira a los políticos, estén implicados o no en algún caso o aunque puedan exhibir un historial de servicio público intachable. Ésa es la perversión que comporta utilizar la política en beneficio propio. Pero conviene discernir bien entre lo que son figuras jurídicas delictivas como el cohecho, la prevaricación o el soborno y acusar a todo el sistema de estar infestado de delincuentes. Es una tentación en la que es fácil caer si no se interpreta bien el sentir de la calle. La sociedad española quiere, y es evidente, que se ponga coto a la corrupción, pero también que las medidas que se apliquen sean eficaces antes que propagandísticas y espectaculares. El «todos a la cárcel» no sirve de nada y es probablemente lo que quisieran los que sí están imputados, acogiéndose a la vulgar defensa de que ellos sólo hacían lo que todo el mundo hacía. Pero no es así. En la sesión de control del Gobierno de ayer, Mariano Rajoy dijo que se negaba a aceptar la imagen de una España sumida en la corrupción. «La política es una actividad muy noble incluso con errores y equivocaciones», añadió. Lo importante es poner en marcha leyes operativas y aplicarlas con celo. Un informe de Bruselas del pasado mes de febrero hablaba de que la financiación de los partidos políticos en España había generado alarmantes brotes de corrupción, entre otras cosas porque la decisión de los préstamos bancarios, fundamentalmente de cajas de ahorros, era tomada por los mismos políticos representados en sus consejos de administración. En estos momentos, es difícil que se repita. La reciente Ley de Financiación, si se ejecuta correctamente, impedirá el impago de la deuda y recibir aportaciones opacas a través de comisiones a cambio de contratos. Es necesario aplicar controles y sistemas de fiscalización estrictos en la Administración, tanto central como autonómica y local. De hecho, las comunidades autónomas gestionan el 35 por ciento del gasto público y los ayuntamientos, el 13. Es evidente, por lo tanto, que hay que esmerar los sistemas de supervisión de estas administraciones. No debemos conformarnos con el espectáculo de oír en sede parlamentaria a políticos, como ayer oímos al izquierdista Cayo Lara, invitar a Rajoy a decir que estaba «hasta los cojones», incapaz de aportar una idea al debate. La corrupción envilece la política y es el territorio propicio para el populismo más vacío.