Propuestas fiscales para acabar de una vez con la lacra del paro

Las economías europeas con más éxito y cuyos ciudadanos gozan de más bajos índices de desempleo y mejores niveles de servicios sociales, como, por ejemplo, Reino Unido, Irlanda o Suiza, son las que han conseguido romper el círculo vicioso de un gasto público basado en la deuda y, al final, sufragado con el inevitable incremento de la presión fiscal. Esa parece ser, desafortunadamente, la política económica que, una vez más, plantean para España los partidos de izquierdas, que, sin advertir al votante del error de concepto de comparar situaciones que nada tienen que ver, se acogen al modelo de Dinamarca y a su elevada presión fiscal, para justificar el supuesto margen de subida impositiva que tendría la economía española. Frente a esta posición, que no demuestra más que puerilidad en el debate, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es consciente de que sólo incentivando la actividad empresarial del país y sus índices de consumo se puede romper ese círculo vicioso que impide el desarrollo de nuestro tejido productivo –lastrado por unos impuestos al trabajo y unas cotizaciones sociales de los más altos de Europa– y condena a la sociedad española a sufrir mayores tasas de paro y de precariedad laboral. A poner término a esa lacra van dirigidas las propuestas en materia fiscal y laboral que ha planteado Mariano Rajoy para la próxima legislatura, desde la seguridad de que la mejorada situación de la Hacienda pública y las buenas perspectivas de crecimiento de la economía, que ha conseguido superar lo peor de la crisis, permiten llevar a cabo lo que, no lo olvidemos, hubiera formado parte sustancial de su acción de gobierno en esta pasada legislatura de no haberse encontrado con una situación de emergencia como en la que se hallaba España cuando el Partido Popular llegó al poder. En este sentido, hay que recordar, como hace hoy para los lectores de LA RAZÓN el economista Daniel Lacalle, que en 2011 el nuevo Gobierno tuvo que hacer frente a un déficit público oculto de 30.000 millones de euros, a 75.000 millones de euros en facturas sin pagar y a otros 65.000 millones que suponía el agujero de la banca pública. Las medidas anunciadas por Mariano Rajoy se dirigen, por supuesto, a favorecer la creación de empleo y su calidad, pero, además, poseen el valor añadido de que están pensadas para operar sobre una pirámide de población como la española, donde los mayores de 64 años suponen ya el 18,5 por ciento del censo. Es decir, son propuestas aferradas a la realidad social y económica del país, y no ocurrencias más propias de partidos emergentes en campaña electoral. Reducir el coste fiscal del empleo, generar un ambiente propicio para nuevas iniciativas empresariales, mantener en el mercado las ventajas que aportan la experiencia y la veteranía de quienes, voluntariamente, quieran seguir en la brecha una vez llegados a la jubilación; endurecer las condiciones de los contratos parciales, para incentivar la contratación indefinida, y, sobre todo, fomentar el primer empleo de los jóvenes conducirá a multiplicar en cantidad y calidad el mercado laboral, hasta alcanzar el objetivo propuesto de 20 millones de puestos de trabajo para el final de la próxima legislatura. Ésa es la auténtica revolución que necesita la sociedad española. Lo demás es volver a lo de siempre. A pagar deudas estériles con mayores impuestos. En definitiva, el modelo que sacó de la ruina, entre otros países, al Reino Unido.