Regeneración para Andalucía

Cuando el escándalo de los ERE está aún lejos de sustanciarse en los tribunales, irrumpe en la escena pública otro presunto fraude masivo con la Junta de Andalucía como epicentro. De nuevo con las partidas dedicadas al empleo de por medio, en esta ocasión las sospechas giran en torno a los fondos de formación para los parados. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Seguridad Social –que detectó las primeras prácticas sospechosas en Málaga–, mantiene abierta desde hace meses una investigación, de la que ya ha remitido un informe previo a la Fiscalía Anticorrupción, sobre irregularidades que incluirían la simulación de cursos con alumnos ficticios, así como otros posibles ilícitos penales como la falsificación de documentos. Las pesquisas apuntan a los responsables de gestionar y otorgar los cursos en el Servicio Andaluz de Empleo, fundamentalmente entre los años 2009 y 2011, si bien estarían implicadas asesorías y gestorías que supuestamente camuflaban el fraude y repartían el dinero. En ese tiempo, los consejeros andaluces responsables fueron Antonio Fernández y Manuel Recio, relacionados también con el «caso de los ERE». El volumen de lo defraudado podría superar los 2.000 millones de euros, y sería el escándalo más importante de desvío de fondos públicos de la historia de la democracia, con el agravante además de que se trata de partidas procedentes de ayudas europeas. Los primeros datos conocidos apuntan a un entramado sistémico y continuado que podría remover aún más la ya debilitada estabilidad del Gobierno andaluz. El socio comunista del bipartito no restó un ápice de gravedad a la denuncia, a la que prestó absoluta credibilidad por provenir de la UDEF, así como por la iniciativa de la Comisión Europea, que anunció ayer que pedirá explicaciones a la Junta de Andalucía. El escándalo agita el acuerdo de gobierno y alienta el desencuentro, con los comunistas dispuestos a explotar las debilidades del PSOE, como ya hicieran en el reciente episodio de los realojos ilegales. En este sentido, la primera reacción de la Junta andaluza demostró su alto grado de nerviosismo. El consejero de Educación acusó al Gobierno de abrir «una causa general contra Andalucía». Afortunadamente, la Administración socialcomunista no es Andalucía ni los andaluces. Los hechos están claros y apuntan a quien apuntan. Parapetarse en un victimismo teatral para no asumir responsabilidades es una mala respuesta que alienta las sospechas. Los grandes perjudicados de la honda crisis institucional y política de Andalucía son los ciudadanos. La comunidad con mayor índice de paro de Europa no se merece una Administración bajo sospecha, con el crédito agotado y un bipartito enfrentado. Toca regenerarse y eso pasa por que los andaluces voten.