Sánchez esconde su plan para Cataluña

Recordar cómo Pedro Sánchez llegó al Gobierno es un ejercicio que conviene realizar para entender en la situación política en la que nos encontramos. Lo fundamental de aquella moción de censura es que salió adelante con el apoyo de los grupos independentistas catalanes que, por fin, podrían disponer de un gobierno «sensible» a sus peticiones después de un 155 que supo corregir la situación que vivía Cataluña. Con la moción se sobrepasaba una línea roja y se descomponía de paso el de por sí precario bloque constitucionalista. Pactar con los partidos separatistas, PDeCAT y ERC, que meses antes habían protagonizado un verdadero golpe contra la legalidad democrática suponía que el minoritario gobierno socialista, sostenido por tan sólo 84 diputados, tenía una evidente dependencia de los independentistas. Sánchez abrió una vía de diálogo muy arriesgada –con etapas vergonzosas como el encuentro bilateral entre gobiernos en el Palacio de Pedralbes de Barcelona–, sin eludir «todos los temas», y entre ellos, el derecho de autodeterminación. La primera señal de que dialogar de todo con los que persistían en romper con el orden constitucional no era entendido ni por los propios votantes socialistas la dio el resultado de las elecciones andaluzas, que obligo al PSOE, después de 36 años de gobiernos ininterrumpidos, dejar la Junta. Da la impresión que Sánchez quiere ahora corregir esta deriva que tan malos resultados le ha dado, de ahí que en los 110 compromisos electorales presentado ayer no haya ni una sola mención a la situación de Cataluña. De ser el primer problema político que tiene España, a desaparecer de las medidas inmediatas, como si la situación ya estuviese reconducida. No es comprensible que de intentar dar una solución que pasaba por una reforma constitucional en sentido federal o que blindase algunas competencias en la Carta Magna, Sánchez eluda toda mención. Hay una tibia referencia a la financiación autonómica –«y el reconocimiento de la singularidad y las opciones políticas propias de cada comunidad autónoma»–, pero nada que se refiera a cupos o foralidades. Hay la percepción de que las conversaciones entre Gobierno y Generalitat es que Sánchez fueron un fracaso porque no aceptó las condiciones de los independentistas –referéndum de autodeterminación– para aprobar los presupuestos generales, pero los hechos han indicado que el presidente convocó elecciones cuando más le convenía. Aquellas conversaciones forman parte de una etapa y nadie descarta que se vuelva a reeditar el pacto con los independentistas si es necesario. En este sentido, es lógico que no se anuncie, ni siquiera como posibilidad remota, teniendo en cuenta, además, que la situación política en Cataluña alcanzará niveles de presión altísima con el fallo del juicio del 1-O. El PSOE afrontará una campaña electoral con un punto débil, pero que difícilmente podrá ocultar, sobre todo si el PSC quiere volver a ser la fuerza más votada en Cataluña, algo que necesita en un mero recuento de escaños y para validar su apuesta por el diálogo. Ayer mismo el secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, sentenció que «si el 65 por ciento de los ciudadanos quiere la independencia, la democracia debe encontrar un mecanismo para habilitarla». Desde este punto de vista, sólo se trata de esperar. Incluso planteó que sería necesario que todos los partidos estén dispuestos a hacer «renuncias», no solo los independentistas. ¿A qué deben renunciar los que no quieren la independencia? El líder del PSC ha querido matizar lo dicho, pero es extraño que un político de su veteranía, conocimiento de la situación catalana e inspirador del diálogo que emprendió Sánchez con Torra no esté anticipando la doble vía que los socialistas quieren poner en marcha en esta campaña.